El acceso al agua, una cuestión de poder.

“Muchas de las políticas que se están adoptando arrastran una falta de atención a los derechos humanos. Reconozco que no es el momento para hacer mega inversiones en el sector, pero otra cosa es adoptar medidas de austeridad sin analizar cuál es el impacto que pueden tener en las personas más vulnerables. Es una obligación que tienen los Gobiernos. Y no podemos olvidar que plantear una queja es caro: hay que tener educación, conocer un mínimo del derecho, contar con un abogado, disponer de dinero y de tiempo… las quejas no llegan. Esto tiene que ver con la cuestión de poder: quien tiene poder tiene acceso al agua, mientras que quien no tiene poder no tiene agua.”

 

Catarina de AlburquerqueCatarina de Alburquerque: el agua, un tema de 2014.

Catarina de Alburquerque vive con prisa un tiempo que gestiona de forma generosa. La relatora especial de Naciones Unidas por el derecho humano al agua y al saneamiento, una voz tan respetada como incómoda por sus críticas, denuncia que “los Estados raramente reconocen de forma voluntaria que la gente tiene derechos”. Aprovechó que Lisboa era la anfitriona del VIII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua para subrayar los retos pendientes y las limitaciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con la maleta lista para viajar a Brasil, el destino de su segunda misión anual, alarga la conversación más allá de lo permitido por su agenda, no sin antes dejar claro el punto final: “El acceso al agua es una cuestión de poder”.

-Cinco años después de su llegada a Naciones Unidas, ¿son más los logros cosechados o los retos pendientes?

-Vivo con frustración permanente porque hay muchas cosas por hacer. Pero si miramos a 2008, la situación ha cambiado mucho. Cuando fui nombrada, el derecho humano al agua y al saneamiento todavía no había sido reconocido y no se hablaba casi de saneamiento en términos de derechos humanos. Los países que me hicieron la vida un poco complicada ya se sumaron al consenso y las organizaciones de la ONU que no tenían muy claros los términos de reconocimiento del derecho hoy lo apoyan firmemente.

-¿Qué aplicación práctica tienen sus informes?

-Depende. Es difícil saber qué son casos de éxito. Por ejemplo, en Eslovenia vi una gran exclusión de los gitanos y, después de mi misión y de hacer críticas al Gobierno, empezaron a mirarles como seres humanos: es bueno que lo hagan ahora, pero malo que hasta entonces no lo hiciesen. En California también reconocieron el derecho humano al agua y al saneamiento tras mi misión. Pero mi tasa de éxito no es absoluta. La crisis del agua no afecta a todos y todas de la misma forma.

-¿Puede una empresa privada garantizar el derecho humano al agua?

-Desde el punto de vista de la empresa, la tentación es obtener ganancias. Pero quien tiene la obligación de la implementación del derecho es el Estado, que debe ser el garante y adoptar un marco regulador que determine cuáles son las reglas que se imponen a las empresas privadas: tarifas, mecanismos para garantizar que sea asequible para los más pobres, etcétera. Hay precondiciones que tienen que existir antes de abrir la puerta al sector privado, entre ellas, el derecho de participación y de información en todo el proceso de privatización.

-¿Supone la crisis económica un retroceso en los datos mundiales de acceso al agua potable?

-Muchas de las políticas que se están adoptando arrastran una falta de atención a los derechos humanos. Reconozco que no es el momento para hacer mega inversiones en el sector, pero otra cosa es adoptar medidas de austeridad sin analizar cuál es el impacto que pueden tener en las personas más vulnerables. Es una obligación que tienen los Gobiernos. Y no podemos olvidar que plantear una queja es caro: hay que tener educación, conocer un mínimo del derecho, contar con un abogado, disponer de dinero y de tiempo… las quejas no llegan. Esto tiene que ver con la cuestión de poder: quien tiene poder tiene acceso al agua, mientras que quien no tiene poder no tiene agua.

-En sus informes critica la cooperación para el desarrollo Norte- Sur por su cortoplacismo. ¿Cómo es el modelo de gestión de agua que se exporta desde el Norte?

-Muchas veces sirve para abrir mercados a productos de un determinado país en otro. Me parece legítimo que un organismo del Estado abra mercados para sus empresas, pero que no le llamen cooperación internacional, como hacen los estadounidenses de la USAID con los jabones de Procter & Gamble en África o en India. Eso no es promover derechos humanos. Estuve en las islas Kiribati y vi una desalinizadora que no funcionaba desde hacía años porque necesitaba demasiada energía y no tenían recursos humanos capaces de repararla; hablé con el Gobierno sobre los problemas de acceso al agua y su estrategia para el futuro pasaba por ¡plantas desalinizadoras! “Son nuestros amigos quienes nos las dan, los australianos y los japoneses”, me dijeron. Es decir, la comunidad donante les da algo sabiendo que no tienen capacidad. La gente no había participado en la toma de decisiones y tengo mis dudas sobre si el Gobierno nacional había participado y de qué forma. Los procesos no son transparentes ni abiertos. Cuando comprendes la corrupción que existe detrás entiendes el tipo de selección que se hace.

Es un artículo de Mª Ángeles Fernández y Jairo Marcos para Esglobal