Hay que prohibir los mecanismos que facilitan la especulación en el agua

Entrevista a Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Luis Babiano es, desde el año 2010, gerente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Babiano se ocupa de la coordinación de todos los proyectos de AEOPAS

¿Es posible, en términos económicos y de efectividad, una gestión 100% pública?

Es perfectamente posible, como lo demuestran los resultados de los operadores y servicios municipales que gestionan actualmente los servicios del ciclo urbano del agua tanto en España como en el contexto internacional. Sólo hay que señalar que en los países centrarles de la economía europea y norteamericana los operadores privados ocupan un porcentaje muy reducido. Es más hay países como Países Bajos donde incluso están prohibidos por su Constitución.

Ahora bien, conviene precisar lo que se entiende por gestión 100% pública, que implica que el gobierno de la organización que opera los servicios del ciclo urbano del agua es totalmente público, en consonancia con la consideración de que son las administraciones locales las titulares de estos servicios. Consecuentemente, los equipos que planifiquen, establezcan los criterios de gestión, de financiación y de operación deben ser públicos, todo ello en consonancia con un modelo de gestión público que asuma criterios de eficiencia económica y social así como otros de carácter conceptual asociados al derecho humano al agua, que incluyen los específicamente normativos como la accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad, junto con otros relativos a la participación y acceso a la información , la transparencia y la rendición de cuentas y la sostenibilidad en términos medioambientales, técnicos, económicos y financieros.

Lo anterior no es contradictorio que la colaboración con el sector privado, que tiene que existir, en aquellas actividades para las que está preparado y que se deberá articular y contratar de acuerdo con la legislación vigente: ejecución de infraestructuras, operaciones de mantenimiento especializadas, desarrollo de aplicaciones informáticas específicas, etc.

¿Por qué existe tanta contradicción entre informes acerca de los costes que supone la gestión pública o privada de los servicios públicos?

Existen muchos intereses y muchas cuestiones de tipo ideológico. No obstante, el debate entre la gestión pública y la privada del agua no sólo se centra en la batalla ideológica de las distintas opciones políticas, sino que también debe tener un componente técnico. Según el informe de fiscalización del Sector Público Local de 2011, realizado por el Tribunal de Cuentas, en los municipios de menos de 20.000 habitantes –el 95% del total de municipios españoles– la gestión pública directa de servicios básicos como el abastecimiento domiciliario de agua potable, la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos tienen un coste menor que con la externalización de dichos servicios.

Los resultados del informe del Tribunal de Cuentas están en línea con los obtenidos en otro estudio realizado por la Universidad de Granada que, tras comparar empresas públicas y privadas de agua en Andalucía, concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio, y considera que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.

A la vista de estos resultados, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no sea la eficiencia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en el Estado español en los últimos años. La privatización –y la falta de transparencia en la gestión– se ve favorecida por la falta de recursos municipales, por los programas de austeridad y de reforma de la administración local impuestos por el gobierno central y por la debilidad de la regulación. Por otro lado, se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora.

¿Se sabe cuántos ayuntamientos (o por lo menos cifras aproximadas) han optado por la remunicipalización o por la privatización?

No existe un estudio detallado sobre estos temas en el contexto español, aunque la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento realiza periódicamente informes de los que se pueden deducir tendencias en relación con la gestión pública y privada; hay que tener en cuenta que los resultados a que se llega en estos informes son valores globales que se deducen de una encuesta que, en el caso de la de 2016, abarca una muestra que alcanza los 35,2 millones de habitantes y 2.041 municipios.

Teniendo en cuenta estos estudios se verifica que, a partir del inicio de la crisis en 2008, y hasta 2014, último año con datos, la población servida por operadores de agua y saneamiento privados ha aumentado un 14,3%, marcando una tendencia de preminencia de la gestión privada en el sector del agua, que no puede más que entenderse en el contexto de la crisis de financiación de los municipios que se comenta en una pregunta posterior.

Así, se ha privatizado la gestión del agua en una parte considerable del territorio. Actualmente, la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 57% del total de la población española siendo especialmente relevante en municipios con poblaciones superiores a los 50.00habitantes. A su vez, esa gestión privada está controlada en un 87% por dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR) –perteneciente al grupo Suez Environnement– y Aqualia –perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas–. Así pues, en la práctica, se puede decir que se está gestionando un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia.

Tras varias décadas de importante actividad del sector privado en la prestación del servicio de agua es posible constatar algunas de sus consecuencias como, por ejemplo, que las empresas privadas acuden a donde hay oportunidad de negocio y los criterios sociales pasan a un tercer plano, se introducen nuevos costes, la gestión del agua se concentra en pocas empresas privadas, se precarizan las condiciones laborales del personal contratado, etc.

En breve AEOPAS presentara el Laboratorio Estatal del Agua donde los ciudadanos podrán ver quien gestiona el agua en cada municipio, con lo que se espera que estén disponible datos sobre el tipo de gestión de los servicios de agua en los ayuntamientos españoles.

Por lo que se refiere a los procesos de recuperaciones de la gestión directa en España, los datos disponibles son fragmentarios y se limitan a los casos que han tenido lugar o los que están en ciernes entre los que cabe resaltar los de Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a toda la ciudadanía.

Es importante resaltar los casos más emblemáticos que están actualmente en marcha: Valladolid, decimotercera ciudad más importante de España en población, Terrassa, cuarta ciudad en importancia en población de Catalunya, y por supuesto, Barcelona y su área metropolitana, donde se han aprobado dos mociones por la recuperaciones de la gestión directa del agua

Es también relevante la coordinación de numerosos ayuntamientos que asumen la gestión pública del agua en distintas instancias, como la denominada Red de ciudades por el agua pública constituida en Madrid en noviembre de 2016 o la Asociación de municipios por la gestión pública del agua constituida en marzo de 2017, integrada por Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallés y El Prat de Llobregat.

Por último, es relevante comentar que, si bien la mayoría de los casos la recuperaciones de la gestión directa se produce como finalización de un contrato, en algunas ocasiones se produce por un conflicto entre los ayuntamientos y los concesionarios privados como es el caso de Arteixo en A Coruña.

A nivel internacional sí que existe una iniciativa que pretende identificar los casos de recuperaciones de la gestión directa que han tenido lugar a partir de 2000 (http://www.remunicipalisation.org/) ; en términos globales, los casos de recuperaciones de la gestión directa se han incrementado desde los dos identificados en dos países que tuvieron lugar en 2000, hasta los 235 de 2015 que ocurrieron en 37 países, de forma que la población servida por servicios recuperaciones de la gestión directa en 2015 era de más de 100 millones de personas; los países donde se han dado un mayor número de casos de recuperaciones de la gestión directa son Estados Unidos y Francia.

En los últimos meses se habló mucho de la remunicipalización del agua en Valladolid…

La vuelta a la gestión directa ha tenido lugar en julio de 2017 se ha determinado que será beneficiosa para las arcas del Ayuntamiento y por tanto para los bolsillos de los vallisoletanos. En Valladolid, gracias a los estudios técnicos realizados por el consistorio, se ha podido comprobar que la gestión directa del ciclo del agua es también la más eficiente, teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Ha de tenerse en cuenta que Valladolid arrastraba un déficit grande de inversión, pues apenas se habían realizado las necesarias obras de mantenimiento y renovación. En los últimos 19 años, no se ha reinvertido por parte del Ayuntamiento de Valladolid lo que estaba previsto para el mantenimiento de las instalaciones y redes, por lo que existe un déficit acumulado de al menos 96,7 Millones de €. Muchos elementos están obsoletos, su vida útil agotada y su estado es deficiente. Por este motivo, se ha valorado que en los próximos 15 años será precisa una inversión de al menos 178 millones de euros.

El expediente que ha fundamentado la propuesta hace una proyección a 15 años para cada uno de los modelos, y la entidad pública empresarial es la que garantiza la ejecución de todas las inversiones necesarias para el ciclo integral del agua con la menor subida de tarifa y con excedente de tesorería a partir del séptimo año. La subida se quedaría en un 0,97%. Sin embargo, si se optaba por  un sistema de empresa mixta o al actual de concesión sería necesario subir las tarifas, un 1,83% o un 2,2%, respectivamente. El doble o más. Y ello por un motivo muy simple: al existir participación privada hay que contemplar beneficio para la misma. En el modelo público no es necesario forzar tanto los precios al alza, porque no se guía por una lógica de beneficio, y además se cuenta con una bonificación de entre el 99 y el 100% en el Impuesto de Sociedades.

Por hacer una comparativa con el periodo anterior, frente a un incremento de tarifa real neto de IPC en el periodo de 18 años (1997-2015) del 78,7% se planificó una subida de tarifa de 15,6% en un periodo de 15 años. Además, la propuesta que hemos empezado a trabajar es que la nueva sociedad estudie unas nuevas tarifas en las que se tenga en cuenta la situación económica y el consumo per cápita, no por vivienda. Es decir, que esa posible subida de tarifa no repercutiría a todo el mundo por igual, sino que se premiará a quien haga un uso más responsable y menos derrochador. Y en el corto plazo, la sociedad municipal garantizará un fondo social para las familias con necesidades económicas.

A pesar de ello tanto el antiguo concesionario privado como las asociaciones que respaldan sus intereses mercantiles, presentaron un escenario donde el caos y el desgobierno. Además hay que resaltar que se ha intentado bloquear la creación de una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) a través de los tribunales.

En este proceso de “judicialización”  de una decisión que compete en principio al pleno del Ayuntamiento de Valladolid llama especialmente la que el propio Ministerio de Hacienda, se haya sumado a la persecución judicial que pretende paralizar la iniciativa del ayuntamiento interponiendo, a través de la Abogacía del Estado, otro recurso en este sentido. No obstante hay que señalar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha denegado las medidas cautelares solicitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como las interpuestas por la empresa como por y la patronal de empresas dedicadas a la gestión del agua que también se sumo a las denuncias.

En este sentido desde diversos colectivos de defensa de los servicios públicos – como la Red Agua Pública-  se denuncia una maniobra de clara obstaculización del proceso de lo que se denomina popularmente como remunicipalizción en la que intervienen coordinadamente desde Aguas de Valladolid (Suez) -que se niega a abandonar un suculento negocio-, asociaciones con interés, y la propia administración central que, con esta postura, quiere amenazar a futuras recuperaciones de la gestión directa que están en marcha, especialmente en Terrassa

¿Sin embargo el sindicato FITAG-UGT firma convenios con la Patronal AGA y ambas sostienen que las remunicipalizaciones suponen “despidos”?

Sin duda las garantías laborales deben estar en el centro de las recuperaciones de la gestión directa. En Valladolid otro elemento clave era que la plantilla actual de Aguas de Valladolid pudiera continuar realizando las mismas tareas. No solo por una cuestión de derechos laborales, sino también porque se trata de personal muy cualificado que conoce bien el servicio y que, por tanto, va a ser una garantía para mantener la calidad. El articulo 44 del Estatuto contempla la subrogación del personal con contrato que actualmente pertenece a la empresa Aguas de Valladolid SA, y que pasará a integrarse en la nueva entidad pública. Los informes jurídicos contemplan que el personal que procedía de la Sociedad Municipal ASVA, que se extinguió en 1997, ya había superado un proceso selectivo, por lo que no tendrían que pasar ningún tipo de prueba más para consolidar en la nueva entidad. Para el resto del personal se mantiene igualmente su situación de indefinido, para ir sacando las plazas ordenadamente cuando la plantilla se vaya jubilando.

En cualquier caso, en todas las formas de gestión, tanto directa, como con empresa mixta,  la situación de los trabajadores sería la misma. Sólo en el caso de concesión los trabajadores serían fijos y no indefinidos no fijos, pero la incertidumbre ante un cambio de empleador no sería menor. Frente a eso los procesos de privatización de la gestión nos han señalado precariedad de los puestos laborales frente a la garantía de lo público. Por ejemplo, antes de la  la privatización del servicio de aguas de Jerez de la Frontera la empresa pública en el 2012 tenía 89 empleados; en el 2013 ya privatizada pasó a 79 y en el 2015 ya eran sólo 72 empleados.

¿Y Andalucía?

El mapa andaluz de la gestión del agua que hemos elaborado recientemente revela que las grandes compañías privadas del agua se concentran en los municipios más endeudados, que tienen mayor renta per cápita y que tienen poblaciones grandes. Los demás municipios no les son rentables. Así, de la totalidad de los 778 municipios que conforman Andalucía analizados en el estudio, se observa que el 74,84%mantienen una gestión pública del agua, frente al 13,49% que han privatizado el servicio y otro 11,67%   que mantiene una gestión mixta. Aunque las multinacionales del agua sólo tienen presencia en apenas una cuarta parte del territorio, la realidad es que controlan el agua del 44,57% de la población. No obstante Andalucía también es ejemplo en recuperaciones de la gestión directa.

Gestión del Ciclo del Agua en Andalucía: Tipo de Gestión

En el caso de Sevilla, existe una larga tradición de recuperaciones de la gestión directa de servicios. En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento recuperaciones de la gestión directa en España: Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.

La recuperaciones de la gestión directa poco a poco se ha extendido a otros sistemas, como el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», a través de su empresa pública Areciar(Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral de Aguas del Retortillo). De hecho, el 91,43 por ciento de los municipios de la provincia de Sevilla gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 7,62 por ciento de gestión privada y un 0,95 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 92,35 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública, mientras que la gestión privada y mixta representan el 5,58 por ciento y el 2,08 por ciento, respectivamente. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada ha pasado de 17 a 8; el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha reducido de 14 a 1.

Gestión del Ciclo del Agua en Andalucía: Gestión – Población

En la provincia de Córdoba la situación también responde a los planteamientos del derecho humano al agua. Así, el 92 por ciento de los municipios de la provincia de Córdoba gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 5,33 por ciento de gestión privada y un 2,67 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 83,95 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública, mientras que la gestión privada y mixta representan el 10,22 por ciento y el 5,84 por ciento, respectivamente.

En la provincia de Córdoba la gestión privada y mixta tienen una mayor implantación en las poblaciones con mayor número de habitantes. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada se ha reducido de 5 a 4; sin embargo, el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha mantenido constante. No obstante, municipios como Baena, Priego de Córdoba, Pozo Blanco y Puente Genil viven actualmente un importante conflicto con sus concesionarios y evidencian el fracaso del modelo privado de gestión con lo que la provincia avanza a un modelo de casi 100 por cien público. En Andalucía no enseña que cuando hay sistemas supramunicipales públicos eficientes muchos municipios donde el sistema privado fracasa tienen la oportunidad de incorporarse a los mismos.

En cuanto al coste para el ciudadano, ¿hay datos que permitan medir como repercute en la factura del consumidor un tipo de gestión u otra?

Como exprese anteriormente sí existen datos y estudios que muestran que la desprivatización es buena también para las arcas municipales.

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes, concluye que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria cuesta mucho menos que su externalización.

En este informe, y en relación con la recogida y tratamiento de la basura se detecta que la actuación directa de los ayuntamientos es hasta 11 euros más barata por habitante y año que las concesiones o conciertos. En los municipios de 5.000 a 20.000 habitantes el ahorro es de 15 euros por vecino si se realiza por el consistorio. Las mancomunidades y consorcios de municipios también son más económicos que la iniciativa privada. Cuanto más grande es el municipio más barato es la recogida de residuos.

Por lo que se refiere al servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, es el segundo donde más diferencia de costes se aprecia entre la gestión pública y la privada. Mediante gestión directa, cada habitante abona 44,10 euros al año, mientras que en las concesiones el pago de los ciudadanos se dispara a 53,67 euros de media. En este caso, las mancomunidades y los consorcios son los más costosos, con 63,06 euros por habitante al año, casi 20 más que si se hace cargo un ayuntamiento directamente. El coste del agua es mayor en los consistorios de menos de 1.000 habitantes que en los mayores, con una diferencia de ocho euros entre vecino y año.

Gestión del Ciclo del Agua en Andalucía: Gestión – Renta Media

¿Qué impacto económico y laboral tiene la remunicipalización de servicios como la limpieza urbana, agua, alumbrado, funerarias… para los Ayuntamientos y para la ciudadanía?

En lo económico el informe del Tribunal de Cuentas al que se ha aludido antes, demuestra que es beneficiosa. En términos laborales creemos que la defensa de lo público como el mejor sistema para garantizar el Estado de bienestar y los servicios que comporta.  El retorno a la gestión pública directa de los servicios externalizados como la forma más eficaz y eficiente en la prestación de los mismos.

Cada caso de los que se están planteando nos aportará conocimientos sobre cómo tienen lugar las transiciones de lo privado a lo público, y con ello se mejorará la actuación a futuro para reproducir estos procesos de retorno en otros servicios.

Cada servicio ofrece sus propios desafíos administrativos, técnicos y políticos por lo que deben de ser estudiados de manera individualizada, aunque estamos convencidos que tendrán elementos comunes.

Deberán coordinarse y complementar los objetivos anteriores con el máximo respeto y cumplimiento de los criterios constitucionales de acceso al empleo público, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Desde AEOPAS se reivindica que los sindicatos deben de estar presente en las negociaciones que se produzcan en estos denominados procesos de “remunicipalización”, y para ello la negociación colectiva se muestra como el mejor mecanismo para que tales procesos tengan las mejores consecuencias posibles para la calidad y prestación de los servicios públicos y para los trabajadores y trabajadoras.

Es necesario por tanto que en el caso del agua y el saneamiento se recupere el papel de la negociación colectiva garantizando la presencia sindical en cada una de las fases del proceso.

Las medidas adoptadas deberán tener la suficiente seguridad jurídica para no crear un problema laboral en el futuro inmediato, ni crear falsas expectativas entre los trabajadores y trabajadoras.

La mayor seguridad jurídica, a priori, y como norma general, puede darse en la integración de la prestación del servicio y de su personal en un ente instrumental de la administración, Empresa Pública, Agencia, etc., que recupera la gestión del servicio, asegurando como se determinó en la Reestructuración del Sector Público Andaluz avalado por el Tribunal Constitucional,  que el acceso del personal de este ente a la Administración Autonómica, solo podrá realizarse tras su participación  en los procesos selectivos convocados en ejecución de las correspondientes ofertas de empleo público.

Pero esta vía puede encontrar también problemas jurídicos derivados de la normativa de control presupuestario, que limita y restringe la creación de entes instrumentales en el sector público. Por ello, y más allá de que en un futuro se pudieran establecer formatos jurídicos de

¿Existen datos que permitan conocer los resultados del proceso en los Ayuntamientos en los que se ha aplicado?

La realidad nos demuestra que todos los casos mencionados son casos de éxito en términos económicos, sociales y laborales. No obstante, no creemos que haya que ser acrítico. El modelo público debe de avanzar hacia criterios de participación social más avanzada y por mecanismos de rendición de cuenta claros que permitan un avaluación constante de los sistemas. El modelo inspirador es la ciudad de París . En la capital francesa, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios medioambientales (instalaciones de mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de protección oficial) y se ha logrado que con la empresa pública la gestión sea más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde Eau de Paris se ha contribuido al desarrollo del derecho de ciudad  diseñando políticas de inclusión social. Se han realizado, por ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin techo (reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de las fuentes) y se ha creado una amplia red de puntos de agua potable (1.200) repartidos por toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión pública.

¿Podría considerarse la privatización de la gestión de los servicios públicos un intento por parte de los ayuntamientos de financiación?

La privatización se plantea como la solución más rápida para sanear las deudas. Después, la empresa tendrá que recuperar lo invertido, lo cual se hará vía recibo del agua, sin transparencia, con lo cual quien sanea esa deuda es la propia población que, además, quedará encadenada en su gestión y atada por la deuda a los designios de una empresa que se rige por criterios de eficiencia económica (que no sociales, o ambientales).

¿Tuvo alguna influencia la crisis del ladrillo en la privatización de la gestión?

Existe una relación directa; con la crisis del ladrillo los municipios se vieron privados de una fuente de financiación importante, como lo demuestra que entre 2008 y 2015, según datos Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la recaudación de los ayuntamientos disminuyó el -24,84%, mientras que, como se resalta en una pregunta anterior, la población abastecida por servicios privatizados aumentó en un 14,3%. Es decir, la financiación de los ayuntamientos a través del canon concesional se ha visto impulsada como resultado de la crisis.

Por ello, ¿qué considera que es mejor atendiendo a los costes y la eficiencia?

En la actualidad, contamos con numerosas empresas públicas, como  Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, aguas de la ciudad de Córdoba (EMACSA) , de A Coruña (Emalcsa), Aguas del Huesna (Sevilla), GIAHSA (Huelva), EMAYA (Palma) y muchas otras que son una garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo.

Recientemente, el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las empresas públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.

A la vista del resultado, lo que tenemos es que crear empresas públicas que tengan un ritmo inversor importante y que avancen hacia las mateas del denominado Pacto Social del Agua. Es decir hacia un modelo público eficaz en términos económicos, sociales y ambientales donde el agua como un derecho sea un eje vertebrador.

¿Existen factores de corrupción en la privatización de los servicios?

La corrupción está directamente relacionada con la opacidad con la que se realizan los contratos concesionales y con prácticas corruptas de tráfico de influencia y redes clientelares que se han ido materializando en el tiempo.

El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos de Asturias como Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas de Narcea, Tineo, Avilés, Oviedo), A Coruña (Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón, Betanzos), Pontevedra (Ponte Caldelas, Pontevedra), Lugo (Chantada, Ribadeo) y Ourense (Punxín, Barbadás, Ourense) están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua. La jueza instructora de la denominada “trama del agua” ha resaltado que los directivos de la concesionaria privada “han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas”. Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción.

En los medios se transmite, muchas veces sin intención, que esto es un problema exclusivamente de los partidos políticos (luchas entre partidos) y nos conduce inexorablemente a un desprestigio de la política. Pero desde mi punto de vista esto debería de servir para revisar las líneas políticas –subordinarlas a la idea de interés colectivo-, mejorar las reglas del juego y prohibir los mecanismos que facilitan la especulación sobre un recurso que es también un derecho.