El Gobierno dice que anular el concurso de ATLL “no es ni posible ni deseable”

La Generalitat no tiene intención de dar marcha atrás en la privatización de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). No solo no acepta los dos autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –el primero de marzo y el segundo de julio- que conminan a la Administración a cancelar la adjudicación al consorcio liderado por Acciona, sino que mantendrá la vía judicial hasta que haya sentencia firme. Otra cosa sería “imprudente” o una “temeridad”. Así lo han defendido ante la diputación permanente del Parlamento los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio, Santi Vila. Este último ha asegurado que hacer caso de las decisiones del TSJC, dando por buena la resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), “no nos es posible ni es deseable”.

 

 

1377801181_857048_1377802254_noticia_grandeEl consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. / CONSUELO BAUTISTA

La decisión obedece sobre todo a los costes de indemnización que supondría esa decisión, tal como ya han manifestado al consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual. La Generalitat entregó a la entidad financiera una carta firmada el pasado 5 de julio en la que se comprometía a asumir el coste de los daños ocasionados por la rescisión del contrato. Ese documento, que firmaban los dos consejeros, garantiza la indemnización una vez haya sentencia firme que revoque el concurso. Mas y Vila evitaron ponerle una cifra a esa contingencia, pese a las reiteradas peticiones de los diputados de la oposición.

El Gobierno catalán sigue acusando del embrollo generado a un “error manifiesto” –en palabras de Vila- del OARCC. El consejero defiende el trabajo de la mesa de contratación que adjudicó el concurso y admite los importantes problemas financieros que se derivarían de la cancelación del contrato, si bien evita cuantificar la posible indemnización. Entre otras cosas porque retirar la concesión a Acciona no permitiría tampoco dársela a Agbar ya que, según esgrimen Vila y Mas-Colell, si se mantiene el criterio del OARCC, Agbar tampoco cumpliría el pliego de condiciones en lo que respecta a inversiones en seis de las 36 actuaciones incluidas en el concurso.

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El País