Fenacore pide que las confederaciones hidrográficas recuperen las funciones atribuidas a empresas públicas

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, pidió hoy que las confederaciones hidrográficas recuperen sus funciones históricas en la gestión de las obras hidráulicas, devolviéndoles las competencias que en su día se atribuyeron a empresas públicas como Acuamed o Acues.

 

Del Campo, que hizo estas declaraciones en el marco del Salón Internacional del Agua y del Riego (SMAGUA) que se celebra estos días en Zaragoza, recordó que la razón que justificaba la existencia de estas sociedades –creadas a partir del año 1997- era cumplir con los criterios de Maastricht para poder ingresar en el Euro. La inversión en obras hidráulicas a través de estas sociedades estatales no incrementaba el déficit público porque sus balances no consolidaban con los presupuestos del Estado.

Sin embargo, al cambiarse los criterios de contabilidad pública para que volvieran a computar sus deudas en el cálculo del déficit, se han duplicado de forma innecesaria recursos y competencias, haciéndose imprescindible una reordenación del sector público en el que las confederaciones hidrográficas vuelvan a contar con los recursos financieros necesarios para su correcto funcionamiento.

Que dejen de ser reinos de taifas
Por esta razón, asegurar el futuro de las confederaciones hidrográficas pasa también por aplicar criterios de funcionamiento homogéneos en todas las cuencas hidrográficas, de manera que dejen de ser comparadas con los antiguos reinos de taifas.

De esta forma es necesario revisar sus criterios de financiación. Aquí es importante analizar con detalle qué parte de las obras hidráulicas deben pagar directamente los usuarios a través de cánones de regulación y tarifas de utilización del agua por utilizar el recurso para el desarrollo de su actividad económica y qué parte debe sufragarse en los Presupuestos Generales del Estado. Para Fenacore es incomprensible pretender que los usuarios carguen directamente con la financiación de las confederaciones.

Además, la Directiva Marco de Agua no establece que se recuperen la totalidad de los costes de las obras, por lo tanto es imprescindible contemplar qué excepciones se deben aplicar a cada usuario en función de las circunstancias económicas, sociales, etc.

Mayor pluralidad
Estos organismos de cuenca deben contar con un cuerpo funcionarial, con un perfil más plural que realmente responda a la realidad actual del sector agrícola. De esta forma, si bien históricamente sus técnicos han sido básicamente ingenieros de caminos, canales y puertos y en los últimos años se han incorporado biólogos y licenciados en medio ambiente, es preciso incorporar en mayor medida perfiles con mayor sensibilidad agraria como ingenieros agrónomos; máxime si tenemos en cuenta que el 70% de la demanda de agua se destina a regadíos.

Por otro lado, dado que han surgido nuevos actores y grupos de interés muy activos en la gestión del agua, tales como ecologistas, asociaciones de consumidores, sindicatos, expertos universitarios, etc., Fenacore considera necesario que tengan también representación en las confederaciones hidrográficas pero sin disminuir la participación de los usuarios. De esta forma, se dará también a los ciudadanos la oportunidad de participar en la toma de decisiones relacionadas con la planificación hidrológica.

Una política hidrológica largoplacista
Además de reestructurar estas empresas públicas es preciso también reestructurar las políticas hidrológicas que llevan a cabo, lo que implica el diseño de hojas de ruta largoplacistas para que los planes de cuenca que se proyectan en una legislatura se ejecuten durante el ciclo político que corresponda sin depender de las prioridades de quien gobierne en cada momento.

Para el presidente de Fenacore, de esta forma se terminaría con la utilización política del agua -que denominó “contaminación política del agua”- lo que implicaría terminar con la visión localista que intentan imponer las autonomías, ya que supondría proteger el principio de unidad de cuenca y unidad de gestión, defendiendo precisamente a las confederaciones hidrográficas como instituciones en las que ya se integran y tienen participación todos los usuarios y los agentes interesados en la gestión del agua.