Trece localidades granadinas obligadas a depurar sus aguas residuales

Una cadena de sentencias les deniega la autorización para evacuar sin control sus aguas fecales, pero los municipios siguen haciéndolo porque carecen de canalizaciones.

 

aguas fecales en los sistemas de regadio

Para el profano en la materia, una sentencia del orden contencioso-administrativo es tan oscura como una incógnita metida dentro de un jeroglífico. Aunque lo que se ventila en esa jurisdicción son asuntos de indudable interés público, suele ser complicado entender la conclusión última de los fallos. Pero también hay ocasiones en las que -a pesar de su intrincado lenguaje- las resoluciones contencioso-administrativas se explican discretamente bien, pero lo que no se comprende son las situaciones que ponen de manifiesto. En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictado ocho sentencias que afectan a otras tantas poblaciones de la provincia de Granada y que anulan la autorización que tenían los ayuntamientos para verter sus aguas residuales sin control.

Las localidades a las que, hasta la fecha, se ha dirigido el Alto Tribunal español son las siguientes: Güevéjar, La Zubia, Churriana de la Vega, Colomera, Peligros, Jun, Cúllar Vega Ogíjares, Víznar, Cijuela, Fuentevaqueros, Vegas del Genil y Atarfe.

Como quiera que el permiso en cuestión databa de octubre de 1987, esto es, que era de hace ¡29 años! -aunque su denominación oficial incluía el adjetivo ‘provisional’, lo cual no deja de ser un sarcasmo-, quizá cabría esperar que los municipios dispusieran ya de las infraestructuras para canalizar sus aguas fecales, pero no es así. Según las fuentes consultadas por IDEAL, hay algunos que las han desarrollado en un 60% y otras que ni siquiera han empezado. Los representantes legales de los pueblos alegaron en su descargo que, en última instancia, era la Junta de Andalucía la que debería haber llevado a cabo las obras, pero el Supremo rechaza la ‘excusa’, aunque no excluye la posibilidad de pidan responsabilidades a la administración autonómica. Pero eso ya sería un harina de otro costal. «Lo que no ha presentado el Ayuntamiento, debiendo hacerlo (…) es el proyecto suscrito por un técnico competente de las obras e instalaciones de depuración o eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración sea el adecuado para la consecución de los valores límite de emisión del vertido (…)», lo que no impide -agregan las sentencias, que no admiten recurso- que los municipios, o las mancomunidades en las que se agrupan, insten a «la Junta de Andalucía el cumplimiento» de la «obligación» y que «reaccione contra la eventual desatención por los cauces procesales correspondientes, pero esta cuestión no constituye el objeto del recurso-administrativo».

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