La investigación del ‘caso Acuamed’ salpica a la directora general del agua

Correos electrónicos, testimonios e intervenciones telefónicas apuntan a que Liana Ardiles también estaba al tanto de los pagos económicos irregulares a las contratistas.

 

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La investigación del caso Acuamed que desarrollan el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción no se detiene en el ya dimitido subsecretario de Presidencia, Federico Ramos De Armas, número tres de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También salpica a la actual directora general del agua, Liana Sandra Ardiles, adscrita al círculo más cercano de Ramos. Correos electrónicos y testimonios que constan en las diligencias apuntan a su supuesta implicación.

Ya avanzó el pasado miércoles el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso, en el auto en que dictó prisión incondicional contra cinco de los 13 detenidos en este escándalo (ocho de ellos han quedado libres tras prestar fianzas de entre 12.000 y 15.000 euros) que las pesquisas trascendían a los detenidos. E implicaban “a cargos de muy alto nivel” del Ministerio de Agricultura. Después de Ramos, Ardiles es otro de esos altos cargos investigados en el caso Acuamed. Este periódico intentó ayer sin éxito, a través del jefe de prensa del ministerio, hablar con Ardiles.

No era intención del juez Velasco que trascendiera ahora el nombre de Federico Ramos, y ello a pesar de que existe un correo electrónico (que figura en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un ingeniero de Acuamed que fue despedido tras negarse a avalar las irregularidades que veía en su empresa, dependiente de Agricultura) en el que Ramos comunica al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, la necesidad de entregar casi 10 millones a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dinero que saldría del presupuesto de una obra diferente y que nada tenía que ver con esos diez millones. Es decir, altos cargos del Ministerio pactaron con FCC que le pagarían “indebidamente”, según el juez, un total de 40 millones de euros para compensar el supuesto perjuicio que habría sufrido esta contratista por unas inundaciones que dejaron inservible la desaladora del bajo Almanzora, en Almería.

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