En marcha el plan para retirar el vertido tóxico de la «laguna negra» de Arganda

Ya se ha dado el pistoletazo de salida para recuperar la balsa artificial de residuos tóxicos situada en el término municipal de Arganda y dentro de un paraje de indiscutible valor ecológico como es el Parque Regional del Sureste. Acumula 50.000 metros cúbicos de aceites altamente contaminantes, algo así como 20 piscinas olímpicas o cinco cosos taurinos. No se puede pedir responsabilidades por delito ecológico porque ya han prescrito. La Comunidad de Madrid quiere tener la laguna limpia y dispuesta para el disfrute público en 2020.

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El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, tiene previsto visitar hoy miércoles esta zona. Ayer, su consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, dió todo lujo de detalles de cómo serán los trabajos, complejos y largos, de la descontaminación de la «laguna negra» de Arganda.

Lo primero que recordó Sarasola es que «estamos ante el mayor proceso de recuperación medioambiental de un espacio natural contaminado por hidrocarburos desarrollado, hasta ahora, en España y, además, uno de los más importantes de toda la Unión Europea». Los trabajos tienen un presupuesto de 15 millones de euros. Se espera que la Unión Europea (UE), a través de su Programa Life, subvencione la mitad, lo que no se sabrá hasta noviembre de 2014.

Hoy, esta balsa cubre una superficie de 6,41 hectáreas y contiene esos 50.000 metros cúbicos de residuos procedentes del vertido —ilegal— y regeneración de aceites industriales usados muy contaminantes, así como otros 70.000 metros cúbicos también de suelo contaminado.

El objetivo del proyecto de descontaminación de la balsa tóxica y de los suelos es devolver al entorno natutal en que se encuentra una laguna de agua de uso público que se sume a las 123 que ya existen en el Parque Regional del Sureste, un enclave único por el paso de aves, por ejemplo, el halcón peregrino, el milano y el búho.

La «laguna negra» (llamada así, más que nada, por su color), está a 800 metros de varias zonas urbanas de Arganda y muy cerca de láminas de agua de interés ecológico. De hecho, se ubica en un área calificada con distintos usos posibles: agrario, forestal, recreativo, educacional, equipamientos ambienales y usos especiales.

Delito que prescribe

La catrástrofe ecológica se produjo entre los años 1989 y 1995. En estos seis años se produjo el vertido continuado, e incontrolado, de aceites usados por parte de una sociedad constituida por las empresas Ulibarri y Pigsa. Este delito ecológico ha quedado impune porque en aquellos años tal delito prescribía, como decimos, a los tres años.

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