En busca del pacto del Júcar

El futuro hídrico de la Comunidad Valenciana se dirime el próximo miércoles en Madrid. El Consejo Nacional del Agua (el máximo órgano del Estado) somete a votación el Plan Hidrológico del Júcar, la hoja de ruta que determinará los usos, políticas y asignaciones de agua para los próximos ejercicios. Este planeamiento hídrico, que revisa el vigente (de 1998) se aprobará, previsiblemente, después de más de un lustro de desencuentros en una demarcación deficitaria, heterogénea y extremadamente compleja.

 

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El nuevo Plan del Júcar debería haber entrado en vigor en 2009 y nacerá -al menos sobre el papel- con los días contados. Porque la Unión Europea exige su revisión antes de que finalice 2015, una quimera a tenor de los últimos precedentes.

 

DEMARCACIÓN INTACTA

El Plan del Júcar mantiene la demarcación hidrográfica tal y como se concibió en el decreto fundacional de la CHJ, en junio de 1934. Además del Júcar (el más importante), aglutina otras ocho cuencas, algunas ellas interconectadas por conducciones, como el Júcar-Vinalopó o el canal Júcar-Turia. Se trata del Sènia-Maestrazgo, el Millars-Plana de Castelló, Palancia-Los Valles, Serpis, Marina Alta, Marina Baixa, y Vinalopó-Alacantí.

El ámbito territorial de la demarcación es clave para la distribución de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. Comprende buena parte de la superficie de la región, salvo una pequeña porción al norte de Castellón, adscrita al Ebro; y el sur de Alicante, ligado al Segura. Tradicionalmente, además, la CHJ se ha controlado desde Valencia, donde está su sede, a pesar de que el río nace en Cuenca y transita también por Albacete. Precisamente Castilla-La Mancha defendía la fragmentación de la demarcación (desgajando el resto de sistemas en nuevas confederaciones) para ganar peso en los núcleos de decisión de la CHJ, donde los representantes procedentes de la Comunidad son mayoría.

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