El TSJC da la razón a Agbar y anula la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat a Acciona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón a Agbar y ha confirmado la obligación de ejecutar, hasta que se resuelva el litigio, la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), que anuló la adjudicación de Aigües-Ter Llobregat (ATLL) a Acciona.

José Manuel Entrecanales

José Manuel Entrecanales

En tres autos notificados hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deniega la petición de la Generalitat y de Acciona de que se suspendiera de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC, ya que considera que se basó en un “argumento perfectamente sostenible”, cuyo acierto deberá ser examinado cuando se analice la causa principal.

A finales del pasado año, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL a Acciona, que se impuso a Agbar, compañía que impugnó esta decisión ante el OARCC, organismo que depende de la propia Generalitat y que dictaminó nula esta adjudicación, al considerar que la oferta de Acciona incumplía los plazos de inversión fijados en el concurso.

La Generalitat y Acciona, que desde el pasado 1 de enero gestiona el servicio de aguas, presentaron entonces sendas medidas cautelares para pedir que se suspendiera la aplicación de la resolución del OARCC hasta que la justicia decidiera sobre la validez del contrato.

Agbar, por su parte, presentó también un recurso pidiendo la ejecución inmediata de la resolución del OARCC, que implicaría dejar sin efecto la adjudicación.

El TSJC se ha pronunciado ahora sobre esta cuestión, desestimando los recursos de la Generalitat y Acciona y tumbando cada uno de los argumentos planteados contra la resolución del OARCC, por los daños y perjuicios que ocasionaría esta decisión.

Uno de los argumentos utilizados por las partes recurrentes es que si se ejecutase la resolución del OARCC no se garantizaría una segunda oferta y podría transcurrir mucho tiempo hasta la formalización de un nuevo contrato, y además debería indemnizarse a Acciona. En este sentido, el pasado enero Acciona advirtió a la Generalitat que de anularse definitivamente la adjudicación, el gobierno catalán debería devolverles los 298,65 millones de euros que ya abonó en diciembre de 2012, cuando se formalizó el contrato, más una indeminización por daños y perjuicios.

«La Generalitat asumió el riesgo de indemnizar»

En este punto, el tribunal recuerda que la Generalitat formalizó el contrato de autos antes de que se emitiera la resolución del OARCC, de modo que “asumió voluntariamente” el riesgo de que este órgano dejara sin efecto el acuerdo de adjudicación.

“Si la Administración ha tenido una prisa particular por suscribir el contrato y desplegar los efectos inherentes al mismo, lo ha sido por causas probablemente legítimas, pero en todo caso asumiendo el riesgo de que el órgano contractual, esto es, la propia administración, pueda modificar de forma casi inmediata la situación”, indica el auto.

El TSJC señala, además, que “no cabe considerar que la prestación del servicio pueda verse sustancialmente alterada”, ya que existe otra oferta, la de Agbar, que “no ha sido considerada inadmisible en ningún momento”, por lo que tampoco cabe prever la posibilidad de que se declare desierto el procedimiento de adjudicación.

Sobre los perjuicios para el personal de ATLL que, según la Generalitat, se derivarían de la anulación de la adjudicación a Acciona, el tribunal indica que el pliego de condiciones del contrato exigía el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El gobierno catalán argumenta, por otro lado, que la rescisión del contrato a Acciona conllevaría un incremento de la tarifa del servicio en 30 millones anuales y produciría “perjuicios irreparables” para la Hacienda catalana, que ya ha percibido un primer pago de unos 298 millones de euros en concepto de canon, en tanto que ha contabilizado esta cuantía en el ejercicio presupuestario de 2012.

En cuanto al posible incremento tarifario, el TSJC considera que “esta argumentación no descansa en una justificación suficiente”, mientras que en el segundo caso estima que el abono del canon será abonado por el nuevo adjudicatario, por lo que “tampoco cabe apreciar la existencia de un quebrante relevante para la Hacienda de la Generalitat”.

Por todos estos motivos, y porque el TSJC no evidencia “un error manifiesto y palmario” en la resolución del OARCC, el tribunal deniega las medidas cautelares solicitadas por Acciona y por la Generalitat y acuerda aplicar la resolución de órgano contractual.

Precisamente, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, han comparecido hoy en el Parlament para explicar el proceso de adjudicación de ATLL. El gobierno catalán ha justificado esta privatización por las urgencias financieras del Govern pero también para garantizar la viabilidad de esta compañía y la calidad del servicio que presta.

ABC