El ‘robo’ del agua. Grupos indígenas se enfrentan al Gobierno de México en defensa de sus derechos históricos

Los indios wixárikas denuncian que les han robado el sol. Los indios yaquis, más al norte, dicen que lo que les roban es el agua. Y, al sur, los mayas luchan por que les permitan sacar provecho de sus tierras y de sus abejas sin que nadie se las contamine.

 

14281634338365 (2)Indios wixárikas, durante el Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, en México. SANDRA PERDOMO

Son sólo tres ejemplos de lo que pasa en el multicultural México, en el que conviven, no siempre con facilidad, 15 millones de indígenas repartidos en 62 grupos étnicos. En muchos casos, estos descendientes de los primeros pobladores no son más que un estorbo para los intereses políticos y empresariales que les rodean. Otros, sin embargo, critican que son ellos los que hacen un uso interesado de sus derechos históricos sin atender al bien común.

Es el caso de los yaquis, la tribu maldita de México, el 85% de sus integrantes vive en la pobreza. Los casi 40.000 indígenas que quedan de esta tribu en el estado de Sonora, que afrontaron a finales del siglo XIX un casi exterminio tras la conocida como Guerra Yaqui (se enfrentaron a las autoridades federales que pretendían colonizar su territorio y acabó con la deportación de miles de sus miembros al Yucatán), vuelven a luchar por su tierra, más bien por su agua en este caso. “Antes que nada, somos yaquis”, explica Tomás Rojo, el único portavoz libre de la tribu que queda y prófugo de la Justicia con orden de busca y captura en Sonora. “Me he venido al DF para evitar ser detenido también”, confiesa. En su declaración de identidad hay toda una declaración de principios, que remata afirmando que “con la Corona española había mejor relación y más respeto a nuestra identidad”.

La última guerra de su pueblo tiene que ver con el agua. El Gobierno de Sonora ha decidido hacer un trasvase de agua, en el llamado Acueducto Independencia, que, según los yaquis, les pertenece. “Tenemos un decreto del presidente Lázaro Cárdenas que nos reconoce el uso de nuestra tierra. De los 840 millones de metros cúbicos del caudal del río yaqui, el 50% es nuestro”, dice Tomás Rojo.

La realidad es compleja, porque aquel decreto habla de la mitad de la entonces única presa existente y hoy hay ya tres. “En el año 62 se estableció que sobre el caudal del río les corresponden a los yaquis 250 millones de metros cúbicos y sólo les llegan ahora 200”, explican sus representantes legales de Cemda. El trasvase saca entre 30 y 60 millones de metros cúbicos anuales.

Para complicar más la situación, los dueños de esa ingente cantidad de agua pasan sed. La mayor parte de los pueblos yaquis carece de tuberías para llevar agua a los hogares y la poca agua que beben proviene de pozos en muchos casos contaminados. Las autoridades políticas les han prometido hacer obras, pero no se han concretado.

Algunos estudios realizados sostienen que esa falta de agua está afectando a la tribu en graves temas de salud y en el retroceso de sus cultivos. “Las autoridades de Sonora han comenzado una campaña de desprestigio contra los yaquis, acusando a la tribu de querer quitar el agua a los ciudadanos de Hermosillo”, apuntan en Cemda.

Todo dentro de la primera experiencia judicial de los yaquis, acostumbrados a resolver de otra forma sus conflictos, que, además, se enfrentan a que los otros dos portavoces de la tribu están encarcelados porque la policía les relaciona con un caso de tortura.

Los yaquis, como otros pueblos indígenas, tienen reconocido en México la aplicación de sus propias leyes dentro del grupo tribal. Por un caso de seguridad vial, un ciudadano yaqui fue condenado por el Gobernador de la tribu a ser amarrado a un palo durante dos días. El torturado presentó una denuncia a la policía estatal y se decidió “curiosamente detener a los dos portavoces que estaban paralizando el acueducto”, denuncia Úrsula Garzón. “Está más que demostrado que ninguno estaba en el lugar de los hechos y que no tienen relación con él, pero a las autoridades les interesaba acabar con el movimiento de lucha contra el trasvase. Es la primera vez que se aplica una sentencia de este tipo”, afirma. Fuentes de la investigación policial y judicial niegan estos argumentos.

Por su parte, el responsable de aguas de Hermosillo, René Luna, contradice todas las acusaciones. “No se está quitando agua a nadie. Nosotros compramos el agua a los pueblos ribereños, dueños de esos derechos, y la trasvasamos para consumo humano en la ciudad de Hermosillo a 600.000 personas que la necesitan. La Corte Suprema nos ha dado ya la razón en las demandas interpuestas”.

Luna acepta que se trata de una disputa histórica de los yaquis por el decreto de Cárdenas que “nada tiene que ver con este caso” y cree que “la protesta tiene un tinte político”. Algunas fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran incluso que “son los yaquis los que venden el agua a industrias“, desmontando el argumento de que los indígenas pasan sed y se les secan los cultivos.

“Nosotros vamos a respetar la ley”, concluye Luna, mientras Tomás Rojo, el prófugo portavoz de la tribu, dice que ha “hablado con los mayores y ellos dicen que apliquemos la ley yaqui”. Hace no tantas décadas, eso equivalía a una declaración de guerra ante los que intentaban entrar en su entorno.

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