El recibo del agua enciende Algeciras

La entrada en servicio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Isla Verde en Algeciras (Cádiz) y la aplicación por parte de la Junta de Andalucía del llamado canon autonómico ha elevado el recibo del agua en esta ciudad, en muchos casos, hasta un 300%, según denuncia la llamada Plataforma Cívica en Defensa de los Colectores.

Miembros de la Plataforma Cívica para la Defensa de los Colectores de Algeciras durante una asamblea.

Miembros de la Plataforma Cívica para la Defensa de los Colectores de Algeciras durante una asamblea.

Este movimiento ciudadano nació hace meses al amparo de varias asociaciones de vecinos que venían denunciando la necesidad de que se acometan obras de mejora de los colectores. El malestar comenzó hace ahora dos años, cuando una granizada provocó graves inundaciones en los barrios de La Cuesta del Rayo, Acebuchal y El Embarcadero. La nefasta gestión urbanística llevada a cabo durante años en la ciudad lleva a que urbanizaciones enteras no estén conectadas adecuadamente a la red de saneamiento y lo acaben pagando las zonas mencionadas, por ello es necesario acometer con urgencia unos trabajos cuyo coste ronda los 9 millones de euros.

La alta inversión impide al Ayuntamiento hacer frente a las obras y la Junta argumenta que no son de su competencia. Pero lo cierto es que ambas Administraciones llevan tiempo cobrando por ello a los algecireños en el recibo del agua. Según Manuel Correro, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Colectores, el Ayuntamiento ha ingresado más de 34 millones de euros en estos dos años. “Por eso queremos saber dónde está nuestro dinero”, afirma. “Aunque dice la ley que las tasas se destinarán a cubrir el coste del servicio de la actividad por la que se cobra, la realidad es que el Ayuntamiento de Algeciras, empleando el principio de unidad de caja o caja única, ha utilizado el dinero cobrado a los algecireños en concepto de mejora de los colectores para pagar otras deudas”, asegura Correro.

El malestar ha llegado al límite y medio millar de algecireños, entre los que se encontraban representantes de varias asociaciones de vecinos, se reunieron el pasado 8 de marzo y, al grito de “¡Algeciras a la calle!”, decidieron convocar una manifestación contra la subida del agua para el próximo día 22. La protesta recorrerá las calles más céntricas de la ciudad para terminar con la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento.

Desde hace semanas, la Plataforma Cívica en Defensa de los Colectores ha venido recogiendo firmas para reclamar la retirada de la tasa de depuración. “Es ilegal cobrar una tasa por un servicio que no se presta”, afirman miembros de este colectivo. El alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce (PP), asegura que las aguas se depuran “al 100%”, pero los dirigentes vecinales aseguran lo contrario. “Sólo se están depurando las aguas de algunas zonas”, afirman. El apoyo está siendo masivo, ya se han recogido más de 10.000 firmas, a lo que la plataforma ciudadana ha sumado más de medio millar de alegaciones registradas en el Ayuntamiento a la aplicación de la tasa.

La presión social ha sido tal en las últimas semanas que el alcalde algecireño se vio obligado a anunciar, el pasado lunes, una serie de bonificaciones de las que se verán beneficiados quienes cobren hasta dos puntos más del salario mínimo interprofesional, principalmente desempleados y jubilados. Una medida que para la plataforma ciudadana, que reclama la retirada de la tasa, es “insuficiente y solo de cara a la galería”. “Exigimos que solo se cobre la nueva tasa a los usuarios cuyas aguas se depuran, que se reduzca el precio del servicio y que se devuelva el IVA de las facturas”, explica el vicepresidente de la plataforma, Francisco Vidal.

Ante esta petición, el alcalde insiste: “Somos el único Ayuntamiento del Campo de Gibraltar que ha rebajado un 30% todas las tasas, y aquí, se protesta; no ocurre lo mismo en La Línea”. El regidor ha llegado a comparar en los últimos días el coste del recibo del agua en Algeciras y otros municipios de la provincia para hacer ver que los hay mucho más caros. Entre otros, el de Cádiz, donde gobierna su compañera de partido Teófila Martínez, lo que no sentó bien en círculos del partido de la capital gaditana.

La polémica sigue abierta, mientras los ciudadanos calientan motores para salir a la calle y pedir que un recibo de agua de un pequeño negocio de hostelería no pase de costar 262 euros a 999,26 euros.

El País