El precio del agua desalada de Carboneras pone en situación límite a muchos regantes del Campo de Níjar

La Federación de Regantes de Almería (FERAL), que reivindica un precio justo del agua y medidas urgentes contra la sequía, destaca la situación de aquellos productores para los que el agua desalada es su única opción de riego, con precios medios de 0,50 euros por metro cúbico de agua La Federación de Regantes celebrará en Pulpí el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo.

 

Agua-desalada-Carboneras (1)Desaladora de Carboneras / Foto: Cazatormentas.net

Conseguir un precio justo del agua de riego, adaptado a los actuales márgenes de rentabilidad de los agricultores, es una de las prioridades de la Federación de Regantes de Almería (FERAL) para el presente año. La pérdida de beneficios en las explotaciones familiares contrasta con la subida de los costes energéticos y con el encarecimiento de los precios del agua.

La situación más precaria la padecen aquellos productores para los que el agua desalada es su única opción de riego, con precios medios en torno a 0,50 euros el metro cúbico de agua. En algunas zonas de producción, como en el Campo de Níjar, muchos agricultores no pueden pagar el precio actual del agua que se desala en Carboneras. Esto genera una difícil coyuntura, debido al mal estado de los pozos de la zona, que en su mayoría están salinizados y casi agotados. De hecho, en algunas fincas se desconoce si se podrá recoger la cosecha de primavera.

Durante su Asamblea General anual, los socios de FERAL han decidido secundar las reivindicaciones de los regantes de Murcia y Valencia, que demandan al Gobierno de España medidas urgentes que permitan la puesta en marcha de un cánon social para desbloquear esta situación y permitir que el precio del agua desalada no supere los 0,20 euros por metro cúbico.

En este sentido, FERAL defiende que el precio justo del agua sea una cuestión de Estado, de modo que el Ministerio de Agricultura califique de interés general el mantenimiento de la agricultura en las zonas más áridas del país y, en consecuencia, el Gobierno desarrolle las iniciativas que sean necesarias para evitar pérdidas en producción, en empleos y en actividad económica vinculada a la agricultura.

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