El monopolio del agua

La empresa en tela de juicio por posibles ilegalidades solo gestiona el servicio en la capital

 

 

o_aguaLa ambición de las empresas privadas por monopolizar el negocio del agua es una de esas cosas que siempre provocan más de un dolor de cabeza a los ayuntamientos. Si la privatización en 1993 de Emalsa –la entidad de Las Palmas de Gran Canaria– está rodeada de polémica por supuestas irregularidades en la adjudicación de la gestión al grupo Saur, ahora le toca el turno a Santa Cruz. La Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) es protagonista desde hace meses en los medios de comunicación. El 94% de las acciones del ente capitalino están en manos de la multinacional Sacyr Vallehermoso, que solo ha conseguido controlar el servicio en la capital, mientras que en la mayoría de los municipios de Tenerife tiene el poder la empresa privada FCC.

Al alcalde José Manuel Bermúdez –Coalición Canaria (CC)– le ha tocado lidiar con la presunta ilegalidad que gira en torno a la privatización de la gestión del agua en la capital, que tuvo lugar en 2005. Por entonces, el actual regidor municipal no estaba en el Consistorio, sino que el encargado de tomar las decisiones era el también nacionalista Miguel Zerolo, que por aquella época gobernaba en alianza con el Partido Popular.

Muchas fueron las voces que alertaron de que la privatización del suministro no se ajustaba a las necesidades de los chicharreros y que, por ende, no tenía sentido tomar esta decisión. De hecho, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento alerta de que el proceso va en contra de los intereses de los santacruceros, además de que vulnera la Ley de Haciendas. Sin embargo, la valoración del técnico no sirvió para frenar la decisión del grupo de Gobierno local de hace 13 años.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictada en 2009 anula la privatización de Emmasa y ahora, más de una década después, el partido Ciudadanos por Santa Cruz solicita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de la capital tinerfeña que ejecute la resolución del Tribunal. En el caso de que la petición del grupo en la oposición saliera adelante, el Ayuntamiento tendría que volver a repetir el proceso adjudicatario de la gestión del agua y se cancelaría el contrato con Sacyr Vallehermoso. El Consistorio, además, se enfrentaría a una indemnización de entre 100 y 150 millones de euros por no cumplir con el acuerdo de 25 años que tiene firmado con la multinacional.

Aunque la hegemonía de Sacyr es obvia en la capital, su monopolio queda circunscrito a Santa Cruz. El monopolio en Tenerife está en manos del grupo privado FCC, del que forma parte la filial Aqualia. De los 31 municipios que forman la Isla, 11 están controlados por esta entidad. Son los casos de Candelaria, Arafo, Güímar, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz y Tegueste.

A Aqualia (FCC) le sigue la empresa isleña Canaragua, que gestiona el servicio en solo tres zonas: Arona, La Orotava y El Sauzal; mientras que Tacoronte y La Laguna dependen de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), la que más municipios gestiona en todo el país y de la que forma parte la entidad pública de estas dos localidades, Teidagua.

El Ayuntamiento de El Rosario, que ha llevado la gestión del agua hasta ahora, decidió privatizar el servicio a finales de año. Aún se desconoce cuál de las empresas privadas será la que se encargue de la actividad, pero el concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, Manuel Martínez, apunta que el contrato será por poco tiempo, alrededor de unos cinco años, ya que la privatización se debe a que el Consistorio no tiene el suficiente dinero para sufragar el coste que implica el suministro debido a la crisis económica, según justifica el edil.

No obstante, aún existen municipios de Tenerife que resisten a la actual situación y no se han doblegado a los intereses privados. Si el 41,93% de la gestión del agua está en manos de los ayuntamientos y empresas públicas, el 58,06% del territorio tinerfeño (18 municipios) está controlado por las multinacionales.

Los 13 consistorios que llevan el servicio son: Fasnia, Vilaflor, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, El Tanque, La Guancha, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, Icod de los Vinos y Los Realejos. En estos dos últimos lugares, aunque la gestión sea pública, ambas corporaciones locales han creados dos empresas dependientes de cada administración (Icodensa, que lleva la actividad de Icod de los Vinos; y Aquare, que lo hace en Los Realejos).

Según el Plan Hidrológico Insular de Tenerife, 20 de los 31 ayuntamientos de la Isla se aseguraban de que el abastecimiento de agua llegara a los vecinos en 1991. Desde entonces, siete consistorios han privatizado la gestión (El Rosario, Arico, San Miguel de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, El Sauzal y Tegueste), lo que supone el aumento del poder privado en un 35% desde hace 22 años.

Península y Baleares

En el escenario nacional, cuatro de cada diez ciudadanos españoles son abastecidos de agua a través de entes públicos, algo más de un tercio por empresas privadas, el 13% por sociedades mixtas y solamente el 8%, directamente a través de las propias corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos.

Otros municipios de España también están estudiando ceder la gestión a operadores privados o crear empresas mixtas para explotar el citado servicio público. A lo largo del ultimo lustro se ha experimentado un cambio en la gestión del servicio de abastecimiento de agua urbana, como lo demuestra el hecho de que la gestión privada ha ido ganando terreno a la pública.

Según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS), es previsible un aumento de la gestión privada respecto a la pública. Para los empresarios, esta década “será clave en España porque asistiremos a un nuevo proceso de concentración de empresas y de cesión del servicio por parte de las corporaciones locales”.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por AEAS, el importe total facturado por el agua urbana en España, extrapolando datos a la población total, asciende a 5.081 millones de euros. De la factura total de agua que se paga por los servicios en España, dos tercios corresponden a abastecimiento de agua, un 15% a alcantarillado y un 25%, a la depuración de las aguas residuales. Por otro lado, el plan nacional de calidad de las aguas (fundamentalmente depuración) tiene pendiente inversiones por valor de 10.000 millones de euros hasta 2015, una cantidad que difícilmente podrán soportar las administraciones públicas sin la colaboración privada.

¿Qué pasará con el recibo del agua en 2013?

Incluyendo todos los usos, el precio medio de los servicios es de 1,83 euros por metro cúbico (1.000 litros). De esta cantidad, 1,07 euros corresponde al servicio de mantenimiento; 0,28 euros a alcantarillado y 0,48 euros, a depuración.

La evolución ha sido significativa en la última década, ya que las citadas tarifas se situaban en 0,69 euros por metro cúbico durante 2002. Con todo, las empresas argumentan que estos precios no llegan a cubrir el coste total de los servicios, como preconiza la directiva marco europea del agua. Se observa además que los precios medios más altos se aplican en las áreas metropolitanas, en el caso de Tenerife, Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste.

Fuente: La Opinión de Tenerife