El Canal opta al concurso para dirigir la empresa de aguas de Lanzarote

El Canal de Isabel II, la empresa pública más importante del Gobierno regional, quiere expandirse fuera de los límites de la Comunidad. Esta compañía, cuyo futuro público está en el aire tras el anuncio pospuesto varias veces de ser parcialmente privatizada, se ha presentado para gestionar Inalsa, la empresa de aguas de las islas de Lanzarote y de La Graciosa.

Ignacio González, en una reunión del Canal de Isabel II. / GORKA LEJARCEGI

Ignacio González, en una reunión del Canal de Isabel II. / GORKA LEJARCEGI

El Canal de Isabel II, la empresa pública más importante del Gobierno regional, quiere expandirse fuera de los límites de la Comunidad. Esta compañía, cuyo futuro público está en el aire tras el anuncio pospuesto varias veces de ser parcialmente privatizada, se ha presentado para gestionar Inalsa, la empresa de aguas de las islas de Lanzarote y de La Graciosa. Esta se encuentra en un procedimiento de administración concursal, arrastra unas deudas de unos 50 millones de euros y necesita una inversión de otros 20 millones. El PSM ha pedido explicaciones al Ejecutivo autonómico porque teme que tras esta operación se esconda “un negocio entre amigos”.

La candidatura del Canal de Isabel II es la única presentada por una empresa pública y que además no tiene hasta la fecha ningún negocio en las islas. Enfrente tiene a dos pesos pesados de la distribución y gestión del agua, como Canaragua y Gestagua. La primera es una filial de Aguas de Barcelona en Canarias. En las islas abastece a unos 900.000 habitantes repartidos en 20 municipios como Telde, San Bartolomé de Tirajaná o La Laguna. La segunda es también una filial, pero en este caso del grupo multinacional francés Saur. Esta comparte con Sacyr la gestión de la empresa de aguas Emalsa, en Las Palmas de Gran Canaria.

Al principio se habían presentado otras dos compañías (Acciona y Aqualia), pero estas al final se retiraron. Está previsto que la concesión sea para un periodo que oscila entre los 25 y los 30 años. La fórmula legal utilizada es la del procedimiento negociado. El pliego de condiciones incluye la revisión de los precios y el periodo de ejecución de las inversiones que debe realizar el adjudicatario.

Está previsto que el concurso se falle en la primera quincena de abril, ya que deberán dar su visto bueno tanto el Consorcio de Aguas, en el que participan el Cabildo y los siete municipios a los que da agua, como el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas. El nuevo adjudicatario deberá hacer frente al pago de la deuda con los acreedores (que suma 42 millones), a los que se añaden otros 10 millones, procedentes de los denominados créditos contra la masa, generados desde que se inició el concurso de acreedores en 2009.

El PSM ha pedido transparencia al Gobierno regional y que explique al detalle el motivo de optar a gestionar una empresa deficitaria. Para la diputada y presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, lo que buscan con esta medida es expandir el Canal a través “de la pura especulación”. En su opinión, se busca hacer mucho más atractiva la empresa de tal forma que no solo gestione el agua de la Comunidad de Madrid. “Esta es la nueva forma de retomar el negocio del ladrillo. Si al final el negocio sale mal, los que van a tener que pagar los platos rotos serán los madrileños, que verán como pierden una empresa rentable y que entra en números rojos”, añade la parlamentaria socialista.

“¿Qué es lo que quiere el PP a través de meterse en un negocio tan poco claro? ¿Quizás asegurarse un fondo de pensiones para el PP con sobres para toda la vida al meter en quiebra a una empresa tan solvente como el Canal de Isabel II? Queremos que se nos explique por qué se va a un negocio tan ruinoso precisamente en este momento”, destacó Valcarce.

Fuentes del Canal de Isabel II rechazaron ayer todas las acusaciones vertidas por Valcarce. Explicaron que el único motivo por el que han concurrido al concurso es que la gestión de Inalsa puede resultar “beneficiosa” para la compañía madrileña. “Se sabe que hay unos costes pero también se espera que haya unos beneficios. Si no fuera así, no se presentarían las otras dos compañías que lo hacen”, destacaron estas fuentes. También recordaron que durante el Gobierno del PSOE en la Asamblea también se dirigió la empresa del agua de Cáceres.

Una privatización de ida y vuelta

La noticia cayó como una bomba durante el debate del estado de la región, celebrado en septiembre de 2008. La entonces presidenta regional Esperanza Aguirre anunció que se privatizaba el 49% de las acciones a través de una salida a Bolsa. El 51% restante permanecería en manos del Gobierno regional.

“Damos a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su agua”, afirmó entonces la titular del Ejecutivo autónomo. ¿El motivo? La Comunidad de Madrid planeaba hacer inversiones de 4.000 millones de euros en una década en infraestructuras, tecnología y medidas medioambientales.

El anuncio causó un gran revuelo dado que se pretendía vender parte de la considerada joya de la corona del Gobierno regional. Este utilizó una puerta trasera, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley de acompañamiento de los presupuestos regionales, conocida como ley escoba), para permitir la creación de una sociedad anónima que sería propietaria del Canal de Isabel II.

Siete meses después, la propia Aguirre frenó la salida a Bolsa del Canal. El 30 de julio de 2009 afirmó que la crisis económica desaconsejaba sacar a la venta esta empresa. Había que esperar una situación mejor para conseguir mayores ingresos para las arcas municipales.

La propuesta de Aguirre no se retomó hasta abril de 2010, cuando se contrató a cuatro compañías para que asesoraran la salida a Bolsa. El BBVA elaboró dos informes; uno sobre el asesoramiento financiero y otro sobre los servicios de consultoría y valoración de acciones. Concinsa preparó un documento para el asesoramiento sobre los bienes patrimoniales; Rothschild sobre el contenido económico, y el despacho Cuatrecasas se encargó del asesoramiento legal. Detrás había una flagrante falta de liquidez por parte del Ejecutivo regional.

En mayo del año pasado, el entonces presidente del Canal, Ignacio González, postergó una vez más la operación. “Tal y como está el mercado no se dan las condiciones”, reconoce entonces el actual presidente regional.

Ahora está sobre la mesa una nueva fecha. El objetivo es privatizar antes de 2015 hasta un 49% de esa sociedad ahora pública. Según la Comunidad de Madrid, han mostrado interés “17 bancos de inversión; fondos cataríes, chinos, japoneses, surcoreanos; y empresas españolas, como Aguas de Barcelona, y extranjeras”. Con el dinero obtenido de la venta, se busca sufragar parte de las obras necesarias para que la sociedad pueda ser rentable.

El País