Derechos Humanos, Agua y Sal.

Lo llaman Public Private Partnerships for Development, y es el mantra del momento: sólo con el dinamismo del sector privado y su capacidad inversora, debidamente regulado desde la función pública, se puede generar desarrollo. Quizás les suena, porque es la misma receta con la que se están privatizando los servicios públicos en nuestro país.

 

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Cuando Damià me enseña el ‘Mandalay’, especialidad en cocina oriental, ya he perdido la cuenta de los restaurantes. Llevamos un cuarto de hora caminando por el complejo hotelero en Ponta Preta, en el sur de la isla de Sal, construido en un estilo indeterminado entre el andalusí y el tuareg. No hace el sol que decía el catálogo del tour-operador de Frankfurt, pero la colonia europea se siente cómoda paseando por el vestíbulo y haciendo sus compras, con su pulsera de color azul y el tercer gin-tonic de la tarde entre las manos. Hay que aprovechar. ‘Es un all inclusive y esta gente ha conseguido que cualquier jubilado alemán venga a Cabo Verde y se pase una semana, todo por mil euros’, aclara mi cicerone. 200.000 litros de agua diaria, tratada y reutilizada, han convertido este erial en un jardín. 500.000 litros más para llenar piscinas, bidés y dar de beber. En una isla que se llama Sal y no tiene un árbol fuera de la jurisdicción de la pulsera mágica, sólo es posible porque antes de los hoteleros de las islas, vinieron de Sabadell a poner el agua. Desalada, por supuesto, y a unos precios que en Cataluña encenderían mañana mismo una revuelta, pero imprescindible para poner en marcha la gran esperanza blanca de la economía del archipiélago.

Las concesiones a principios del siglo XIX fueron para construir salinas que se pierden en el horizonte plano de la isla, sólo salpicado por los practicantes de kitesurf, llegados con el nuevo maná. Ahora son para urbanizar y vender terrenos, y Damià y su empresa son parte esencial del engranaje, que a primera vista parece estar creando una nueva clase media local. ‘Sí, eso es turismo industrial, pero aquí tiene sus impactos positivos’, argumenta ante mis dudas sobre esta manera de hacer vacaciones.

El agua es un derecho humano, pero hacerlo efectivo se hace complicado. El país enfrenta la reforma del sector: hasta ahora, no había ningún organismo técnico regulador independiente del Gobierno, y los operadores de agua y saneamiento, públicos o privados, no tienen que rendir cuentas a nadie sobre la calidad de su servicio. En los municipios pequeños, cada ayuntamiento dispone de su servicio, con una gestión muy deficiente, salvo honrosas excepciones. Los agricultores siguen regando todavía por inundación en un país donde llueve la mitad que en nuestro país, y cuando no pueden pagar el agua siempre hay un ministro que perdona las deudas y vuelve a abrir el grifo. Los camiones cisterna llenan los chafarizes, las fuentes públicas donde se abastece gran parte de la población, incluso en la capital, a precios aún superiores a los que se vende en Sal. Y se calcula que hay que invertir mil millones de euros aún en infraestructuras hasta el año 2030, en un país de medio millón de personas con un PIB anual per cápita de 2.849 euros. Hagan cuentas.

Los Estados Unidos, preocupados por su pérdida de influencia en África y el control de las nuevas rutas del narcotráfico hacia Europa, hace años que cooperan con Cabo Verde. Washington consideró el agua clave, con razón, en su estrategia de desarrollo y reducción de la pobreza. Más discutible es el cómo: más allá de la reforma institucional y la creación de empresas municipales que gestionen adecuadamente los servicios básicos, cree que el sector privado tiene que entrar en el país para solucionar todo esto. Lo llaman Public Private Partnerships for Development, y es el mantra del momento: sólo con el dinamismo del sector privado y su capacidad inversora, debidamente regulado desde la función pública, se puede generar desarrollo. Quizás les suena, porque es la misma receta con la que se están privatizando los servicios públicos en nuestro país.

Pero los mantras no soportan tanto salitre. Mientras en Sal hay reticencias políticas para que el buen servicio de los del Vallés llegue más allá, en Boavista, la empresa gemela, controlada por empresarios inmobiliarios nacionales con grandes necesidades de cash, se hunde cada día más en su pésima gestión pese a tener concedido el servicio para toda aquella isla. Tampoco el operador público que trabaja en las dos grandes ciudades del país y en el resto de Sal, por otra parte, es ningún ejemplo: los tour-operadores obligan a muchos hoteles, fuera de la concesión de la empresa catalana, a comprarle el agua a esta para asegurar un mínimo de calidad del agua a sus clientes.

Como decía Catarina de Alburquerque, durante seis años relatora de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, hay muy poco interés en resolver el problema del acceso al agua y el saneamiento. El verdadero sentido de servicio público supone renunciar a meter la mano en un caja de la que siempre salen recursos, para no cerrar grifos ni cloacas. Cuando dejamos atrás el decorado de Lawrence de Arabia, me dice Damià que quiere ponerse con la política de Responsabilidad Social Corporativa. ‘La verdadera RSC es hacer este trabajo honestamente’, le digo. ‘Y no venir solo a sacar dinero’, remacha él.

Publicado con anterioridad en el Diari Ara

Miquel Carrillo Ponce
WASH Consultant, Ziri, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras