Costa Rica.- Articulo …. Aguas subterráneas: “bomba de tiempo”

 Aguas subterráneas: “bomba de tiempo”

•Nos encontramos ante una paradoja del proteccionismo ambiental

Allan Astorga Gättgens – Geologo

 

(diarioextra) Las aguas subterráneas, aparte de ser el recurso natural más importante que tiene nuestro país, dado que de su existencia depende la sobrevivencia y equilibrio de otros importantes recursos naturales, como la biodiversidad, por un asunto de confusión técnico  legal, desidia de las autoridades y malas decisiones de algunos, se ha convertido en una enorme “bomba de tiempo”, que cada vez crece más y que amenaza con explotarnos a todos frente a nuestras caras. Es un asunto muy serio, del que requerimos tomar conciencia para establecer urgentes soluciones, razonables y equilibradas.

Potencial: las aguas subterráneas son las aguas que se almacenan en los poros microscópicos y las fisuras de las rocas en el subsuelo. Se recargan por medio de la aguas de lluvia que se infiltran al suelo, y pasan hacia las rocas capaces de almacenarlas y trasmitirlas, a las que se les llama acuíferos.

Costa Rica, por ser un territorio geológicamente joven, con presencia de abundantes formaciones volcánicas fracturadas o sedimentarias superficiales, con porosidad y permeabilidad, aunado a que se localiza en una zona tropical, dentro de las de mayores precipitaciones lluviosas del mundo, presenta un gran potencial de aguas subterráneas.

Se estima que el 75 % del territorio nacional califica en algún grado de área de recarga acuífera. No es casual, que a diferencia de otros países,  de climas más áridos o templados, aquí abunden las nacientes y los manantiales, así como las quebradas, arroyos y ríos permanentes, es decir, que tienen agua todo el año. Se estima que las reservas acumuladas de aguas subterráneas en el país superan los 400.000 millones de m3, ¡casi 100.000 m3 por habitante!
Legislación: A pesar de este verdadero tesoro nacional en aguas subterráneas (comparar el precio del agua embotellada con el de la gasolina para darse una idea), la legislación que la cobija es limitada. Se basa, más bien, en la protección de las aguas superficiales (quebradas, ríos y lagos). Además de eso, los lineamientos legales vinculados con la protección de  las aguas subterráneas se encuentran dispersos en varias leyes, como la Ley de Aguas de 1942, la Ley de Agua Potable de 1953, la Ley de Salud (1973), la Ley del Servicio Nacional de Aguas SubterrÁneas, Riego y Avenamiento -SENARA (1983), la Ley Orgánica del Ambiente (1995) y la Ley Forestal (1996).

Incluso, las diversas propuestas de una nueva Ley de Aguas, que tiene ya más de 10 años de discutirse en el Congreso, también es omisa en el tema de la protección de las aguas subterráneas, ignorando, extrañamente, que es el recurso estratégico más importante que debe ser protegido y administrado.

Problemática: el hecho de que nuestro territorio puede calificarse, sin lugar a dudas, como muy rico en aguas subterráneas, no solo es un gran privilegio que nos ha dado la naturaleza, sino también, una enorme responsabilidad.  Nuestra propia red de drenaje superficial, en particular durante el verano, es nuestra mejor prueba. Como lo es también la gran cantidad de nacientes y manantiales que existen, así como de pozos de extracción de aguas subterráneas. Solo en el sector de la meseta central, entre Curridabat y Alajuela, hay más de 2.500 pozos de extracción registrados en el SENARA. Número que apenas podría representar la mitad de los que realmente existen.

Gran parte del territorio del país es área de recarga o de descarga acuífera, y por tanto, según nuestra legislación, objeto de algún tipo de protección.

El hecho de que no tengamos una regulación que categorice tipos de manantiales y acuíferos, según su cantidad y calidad, así como áreas de recarga y descarga acuífera, y que le establezcamos el mismo valor de administración, resulta contraproducente en la medida de que un porcentaje muy alto, si no la totalidad del territorio que se usa para el desarrollo de actividades humanas tendría que ser protegido.

Mucha gente ya está viviendo la realidad de que las autoridades le señalen que no puede utilizar su lote, debido a que forma parte de un área de protección de aguas subterráneas. Aunque es probable que con un estudio técnico más específico pueda demostrarse que en realidad el terreno está fuera del área de protección requerida.

Matriz del SENARA: se trata de un instrumento técnico cuya finalidad es establecer restricciones al uso del suelo dependiendo de la condición de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas que puede presentar un terreno dado, y que resultó de un histórico fallo de la Sala IV hace 10 años, en relación con el cantón de Poás.

La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas depende de varios factores, entre ellos la profundidad del nivel de aguas subterráneas y las propiedades petrofísicas de las rocas que se presentan en el subsuelo superior y el suelo mismo. A mayor capacidad de infiltrar sustancias líquidas de las rocas, y a menor profundidad del agua subterránea mayor será la vulnerabilidad.

Bien lo saben los más de 6.000 habitantes del Cairo y Milano de Siquirres, abastecidos desde julio del 2007 por camiones cisternas del AyA, a causa de la contaminación de los acuíferos por  parte de empresas piñeras (a este respecto es válido preguntarse qué esperan las autoridades para llevar ante los tribunales a los responsables de esta contaminación, cuyos efectos están sufriendo desde el 2007 más de 6.000 costarricenses, y cuyas medidas paliativas estamos pagando todos a través de cada camión cisterna del AyA).

La Matriz de SENARA se elaboró entre el 2002 y el 2004, para un sector del cantón de Póas. En su elaboración original, la matriz fue más allá de establecer las restricciones técnicas al uso del suelo según el tipo de vulnerabilidad hidrogeológica identificado, sino que estableció parámetros urbanos, como la cobertura y la densidad de población, simulando con ello el alcance de un plan regulador de uso del suelo.

Con el tiempo, la situación con el uso de la Matriz de SENARA se ha complicado, pues la Sala Constitucional ha señalado, incluso recientemente, que es de uso obligatorio en todo el territorio nacional: la Sala debió hacer esto porque a la Junta Directiva del SENARA y a su gerente se les ocurrió indicar que la matriz solo aplicaba en un cantón (Poás) y no en el resto del país!
La Matriz establece no solo las restricciones y condicionamientos técnicos de uso del suelo para proteger las aguas subterráneas de la contaminación, sino que define también parámetros urbanísticos de uso del suelo, produciendo en la práctica prohibiciones de uso del suelo que no coinciden con la realidad técnica hidrogeológica de nuestro país.

Soluciones: Ahora bien, más allá del fallo de la Sala IV en relación con las ocurrentes ideas de la Junta Directiva de SENARA y su hacendoso gerente, la solución práctica a este tema es que sea el Poder Ejecutivo, inspirándose en las leyes aquí citadas, quien retome la idea ya planteada de generar por decreto ejecutivo un Reglamento General para la Protección, Manejo y Uso sostenible de las aguas subterráneas.

Reglamento cuyo borrador ya lleva más de cinco años engavetado, y que además de establecer categorías y reglas de definición y usos del suelo para acuíferos, áreas de recarga y áreas de protección de manantiales, nacientes y pozos, también formalice una Matriz Técnica de restricciones al uso del suelo según el tipo de vulnerabilidad hidrogeológica identificada.

Dicho Reglamento debería ser discutido por un ente de amplia representación de la sociedad, como la Comisión Mixta Asesora de la SETENA, recientemente activada por el Ministro de Ambiente y Energía.

No buscar y encontrar una solución pronta al urgente problema planteado hará que la bomba de tiempo aquí descrita siga creciendo, así como su poder explosivo. Algo que sería muy contraproducente para todos.