Conflicto Entrecanales-Agbar: las aguas bajan turbias por Barcelona.

Conflicto Entrecanales-Agbar: las aguas bajan turbias por Barcelona.

Articulo de OPINION, de  Carlos Díaz Güell para Economia Digital

 

En pleno proceso de turbulencia política, el empresariado catalán asiste atónito a una confrontación en la cumbre entre dos renombradas empresas españolas que han llegado a los tribunales de justicia y que aglutina elementos de morbo, muchos de los cuales son propios de culebrón televisivo y otros del clima de corrupción que sobrevuela una parte de la clase política catalana.

La historia comenzaba a principios de agosto –mal mes para casi todo– cuando la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya decide sacar a concurso la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) –el suministro de agua de boca a Barcelona– por un total de 50 años y un monto de 1.000 millones de euros. El asunto se convierte en cosa de dos: Aguas de Barcelona (Agbar) y Acciona; La Caixa y los Entrecanales; Barcelona versus Madrid. Pocos eran los que albergaban dudas del resultado final del concurso.

La operación, es clave para la Generalitat que ingresará en caja 300 millones de forma inmediata, cobrando los 700 millones restantes, en concepto de canon, durante el medio siglo que dura la concesión.

Las dudas sobre el final de la carrera comenzaron a diluirse cuando se empezó a analizar el pliego de condiciones y se comprobaba que todo él estaba trufado de aspectos y prácticas “poco habituales” en este tipo de concursos. Desde la fórmula de subasta elegida, hasta las condiciones exigidas a los concursantes, por citar sólo unas pocas cuestiones, tenía un cierto sabor a pliego a la medida.

El concurso se sustanciaba sorprendentemente a favor de Acciona. Agbar, por su parte, decide hacer uso de lo que debería ser un derecho básico en el siglo XXI y solicita conocer la oferta ganadora, encontrándose con la extraña negativa expresa del propio consejero de la cosa, Lluis Recoder, a facilitar todo tipo de información, salvo la referente a cuestiones administrativas de la empresa ganadora.

Recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por parte de Agbar, pidiendo medidas cautelares y primer fallo del alto tribunal en el que se obliga a la consellería de Recoder a facilitar la información demandada, basándose en el principio de transparencia y acceso a toda la información disponible, restando valor a la confidencialidad que quiere otorgar el consejero al negar que la información está especialmente vinculada al secreto comercial, ya que se elabora especialmente para la licitación y “se agota” a partir de ésta.

Como consecuencia del auto, la conselleria de Recoder se ve obligada a entregar un segundo paquete de información –las condiciones económicas–, pero sigue negándose a entregar el sobre relativo a la oferta técnica de la empresa ganadora. El nuevo lote permite conocer que Acciona ha ofertado algo más de 0,70 céntimos por metro cúbico, mientras que la oferta de Agbar se sitúa en 0,78, lo que en términos relativos es una diferencia que los técnicos consideran “poco normal” y suscita “todo tipo de dudas” sobre su viabilidad, ya que la ratio de rentabilidad media que permitiría conseguir esa oferta resulta ridícula y fuera de mercado; en definitiva, una oferta de derribo.

Conocida la oferta económica, el siguiente paso se centra en la oferta técnica y nuevamente Agbar recurre al TSJC, que se supone no se apeará del burro y obligará a la conselleria de Recoder a entregar el tercer paquete que permitirá conocer con exactitud los méritos y la viabilidad de la oferta ganadora o, si por el contrario, tiene algo de temeraria, algo, que de demostrarse, obligará con el paso del tiempo –meses, en ocasiones– a revisar las condiciones con las que se ganó el concurso y que no es un modus operandi que resulte desconocido a las empresas constructoras.

En las circunstancias por las que atraviesa una parte la clase política catalana, sobre la que penden acusaciones de corrupción, la intriga sobre el final de la batalla empresarial se ha convertido en una de las cuestiones que concitan el interés de los círculos empresariales barceloneses, máxime cuando no faltan elementos y apellidos que dan al conflicto un especial sabor. En esa clave hay que interpretar el hecho de que el grupo brasileño BTG Puctual y las familias Godia y Rodés formen parte de la oferta de Acciona y que Fernando, hijo de Leopoldo Rodés y consejero independiente de la empresa de los Entrecanales, sea presidente del Consejo Asesor de Sostenibilidad y Medio Ambiente que asesora a la conselleria de Recoder en cuestiones de agua, residuos y cambio climático entre otros. Fernando Rodés se ha mostrado públicamente, en el pasado, como un firme opositor a que se privatizará la gestión de las aguas de Barcelona.

Otro de los elementos que incorpora un cierto grado de perplejidad al asunto, es la extraña presencia, como financiador de la operación, del banco brasileño BTC Puctual, que como entidad financiera de país emergente este año alcanzará unas rentabilidades del entorno del 24%, lo que genera dudas sobre su presencia en una operación cuya teórica rentabilidad durante los próximos 50 años debería oscilar entre un cuatro y un 5%, según se desprende de la oferta económica presentada por Acciona. Las cuentas, simplemente, no salen.

Y como en todo culebrón que se precie, siempre hay un elemento de contradicción. En esta ocasión lo pone el banco brasileño que es el socio financiero de Abertis –también La Caixa– a través de una nueva sociedad, que gestionará los Túneles de Vallvidrera y Túnel del Cadí que va a suponer un canon concesional de 430 millones de euros y un desembolso inicial de 310 millones de euros para la Generalitat.

Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación ‘on line’ económico-financiera de circulación restringida

Fuente: Economia Digital