Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico

Chile se está secando. El diagnóstico es oficial, pero ni las autoridades ni las instituciones asumen la magnitud del problema. Fallas de regulación que se arrastran por más de 30 años han terminado por crear profundas inequidades en la asignación del recurso. Según la ley, el agua para consumo humano no es más importante que el agua para suministro minero o agrícola. Las prebendas establecidas por el Código de Aguas a favor de intereses privados, y cuyo epítome ha sido la consolidación de un lucrativo y desregulado mercado de las aguas, colocan nota roja a Chile en la gestión de un elemento clave.

 

Valle_LimariLa dramática realidad que enfrenta el Valle del Limarí

 

En marzo de este año, Chile aprovechó su condición de anfitrión de la feria Water Week Latinoamérica, para lanzar el documento que define la hoja de ruta a seguir para la gestión de las aguas en nuestro país por los próximos 12 años: La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012–2025.

Entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, el crudo diagnóstico –incluido casi de soslayo– pasó prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes: Chile se está secando. “La disponibilidad natural del agua y su demanda en las distintas regiones del país, nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que en algunas regiones es cercano al 100%”, consigna el documento de cuarenta páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)(ver documento).

El crítico diagnóstico del MOP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución –entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema– proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile: el Código de Aguas de 1981.

La normativa, redactada en dictadura entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole al mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportarles multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró CIPER en la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP.

Sólo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera, en la Cuarta Región, las que se suman a la Ligua, Petorca y Cabildo, en la Quinta Región, que ya se encontraban en esa condición. Asimismo, entre las regiones de Copiapó y El Maule, la DGA ha declarado zona de escasez en cinco provincias, seis comunas y tres cuencas. Al término de 2012 y según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile (31% del total nacional) se hallaban en condición de emergencia agrícola producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no sólo se remite a la zona centro–norte: 41 comunas de la Región del Biobío sufren de escasez de agua, la que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región.

marchaValpoMovilización en Vaparaíso, 21 de mayo 2013 (Fuente: Blog “Una mirada de la realidad”)

La dramática situación que se vive en varias regiones del país, tiene su origen, en parte, en un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco Mundial -encargado por la DGA-, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares). La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile, y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí intervienen exuberantes utilidades, es igual a la que fue destinada para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010 o al incremento del presupuesto en educación durante 2013.

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