Cataluña pedirá el amparo de la UE para frenar el Plan del Ebro

La Generalitat pasará a la acción contra el Plan Hidrológico del Ebro que impulsa el Gobierno central y que podría reducir notablemente el caudal del río en su tramo final. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, tiene previsto presentar hoy un conjunto de medidas entre las que destaca pedir el amparo de la Comisión Europea, a la que piensa alertar de que el nuevo plan de cuenca aprobado por el Consejo de Ministros incumple la directiva marco del agua y otras normas comunitarias.

 

1393884658_475926_1393885158_noticia_normalActo de protesta de la Plataforma en Defensa del Ebro, el viernes. / JOSEP LLUÍS SELLART

 

La decisión de recurrir a la Unión Europea está encima de la mesa desde que el pasado verano la Confederación Hidrográfica del Ebro diera el visto bueno al plan. La dirección de Convergència acabó de perfilar ayer la estrategia. Su secretario de Organización, Josep Rull, dio por hecho que no hay negociación política posible. “Recurriremos a instancias europeas para garantizar el cumplimiento de la directiva marco del agua, porque la posición catalana está al lado de la normativa europea y la del Gobierno español la vulnera”, dijo.

El Gobierno catalán entiende que el plan vulnera los criterios medioambientales marcados por la norma comunitaria, especialmente en lo que hace referencia al caudal ecológico de un río con especial valor ecológico. La Generalitat considera insuficiente el caudal previsto, de 3.200 hectómetros cúbicos anuales, una cifra que el Ejecutivo central dice estar dispuesto a negociar. El Departamento de Territorio considera que la cifra aconsejable continúa siendo los 7.000 hectómetros cúbicos que se acordaron con la Plataforma de Defensa del Ebro en 2007. De ahí que hoy los miembros del Consejo Ejecutivo se reúnan con dos opciones sobre la mesa. La principal es la de la denuncia ante la Comisión Europea, que igualmente tendrá que validar la normativa española. La otra puerta que mantiene abierta la Generalitat es la de abrir un contencioso en el Tribunal Supremo, que genera muchas más dudas respecto a su resultado final.

Ambas vías son imprescindibles para que el plan hidrológico pueda acabar en el Tribunal Europeo de Justicia. En el marco de la denuncia ante la UE, el Ministerio de Agricultura podría negociar un cambio en el plan, pero una vez superado ese trámite el Gobierno podría verse amenazado por una sentencia contraria del tribunal, con sanciones incluidas.

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