Aprobado el decreto que prioriza las actuaciones hidráulicas promovidas por consorcios o mancomunidades

El Consello de la Xunta ha aprobado el nuevo decreto de Augas de Galicia en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas que prioriza las actuaciones promovidas por consorcios o mancomunidades locales y que “garantiza la máxima colaboración” entre el Gobierno gallego y los municipios.

 

 

fotonoticia_20130314170817_500Según ha explicado el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, esta norma permite, por primera vez, declarar de interés de la comunidad infraestructuras hidráulicas que sobrepasen los términos del municipio.

Además, conforme había avanzado la Administración gallega, el texto regula la posibilidad de que la Xunta asuma la explotación de las depuradoras cuando los ayuntamientos así lo soliciten y permite la intervención de la Administración autonómica en el caso de que exista riesgo para la salud pública.

“Es un ejemplo de soluciones prácticas para colaborar entre administraciones en la Galicia única que pretendemos”, ha manifestado Feijóo antes de recordar que la Xunta “ha invertido en depuración de aguas más de 900 millones y que el objetivo de este decreto y que, cuando finalice la legislatura, estén redactados más de 350 estudios de anteproyectos o proyectos de actuación en materia de obras hidráulicas”.

En este sentido, Feijóo ha explicado que el decreto autorizado este jueves por el Consello es el cuatro que desarrolla la Ley de Aguas de Galicia, tras el Estatuto de Augas de Galicia, el Reglamento Marco de Servicios de saneamiento y depuración y el canon del agua.

En concreto, esta norma recoge cuatro escenarios de actuación, la ejecución por parte de la Xunta de obras hidráulicas de competencia municipal; la ejecución de obras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma; la asunción de explotación de estaciones depuradoras; y, en el caso de que sea necesario, la intervención de la Xunta ante una insuficiencia en la explotación de los servicios que ponga en riesgo la salud de personas.

Europa Press