Andalucía apuesta por una gestión hídrica basada en principios ecológicos, éticos y de desarrollo socioeconómico

La secretaria general de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, Carmen Lloret, ha abogado por la gestión de los recursos hídricos basándose en principios ecológicos, éticos y de desarrollo socioeconómicos. Lloret ha participado en una jornada técnica sobre agua organizada en Sevilla por el grupo Joly y Acciona.

 

Costa-de-AlmeriaCosta de San José, Níjar (Almería) / AURORA ÁLVAREZ

 

En su intervención, titulada “Perspectivas del Agua en Andalucía”, la secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado que “los problemas del agua, más que de escasez, tienen su razón principal en los déficits de gestión: se necesita más y mejor gestión”.

A lo largo de su intervención, Carmen Lloret ha realizado un breve repaso de los recursos hídricos de los que dispone la Comunidad autónoma. Asimismo, la secretaria general se ha referido al marco legal en el que se insertan las políticas de agua impulsadas por la Junta de Andalucía, tanto a nivel europeo (Directiva Marco de Agua y Directiva de Aguas Residuales), como a nivel andaluz destacando las medidas desarrolladas a través del Acuerdo Andaluz por el Agua (2009) al que posteriormente dio rango jurídico la Ley de Aguas (2010). Lloret ha remarcado el interés de la Consejería por vertebrar un gran Pacto por el Agua de todos las administraciones implicadas y grupos políticos para gestionar el recursos desde la transparencia, la educación y la participación de la ciudadanía.

En relación a los hitos alcanzados a través de la Ley de Aguas, se ha centrado en cómo se regula el ciclo integral del agua en la región y, ha aclarado, que según la legislación básica de régimen local, los ayuntamientos son los que ostentan las competencias en esta materia, por lo que la Junta actúa de forma subsidiaria para garantizar los derechos de la ciudadanía. Por eso, ha destacado la importancia del Plan de Infraestructuras de 2010, que declaró actuaciones de Interés de la Comunidad Autónoma para dar cumplimiento a las directrices europeas y permitir la creación el Canon de Mejora, como principal herramienta financiera para llevarlas a cabo.

En relación al empleo vinculado a todas estas acciones, Carmen Lloret ha subrayado la relevancia que adquieren estas inversiones asociadas al empleo y la generación de una economía verde. Las políticas de la Consejería en este ámbito prevén crear en 2014 18.500 puestos de trabajo directos y 31.000 indirectos, según el informe “Empleo verde en Andalucía: una oportunidad de desarrollo”.

La secretaria general de Gestión Integral de Medio Ambiente y Agua ha explicado a lo largo de su intervención que el Gobierno andaluz ha invertido desde el inicio de la legislatura anterior más de 1.500 millones de euros en el ciclo integral del agua. Además, ha recalcado que gracias a la misma el 81% de la población andaluza tiene infraestructuras de depuración en funcionamiento. “El horizonte 2015 marcado por la Directiva europea nos exige trabajar más que nunca para acercarnos todo lo posible al 100% de la depuración”, ha sostenido.

 

557 MILLONES PARA EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN 2014

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto en 2014 la ejecución de 111 obras en el marco del ciclo integral del agua con una inversión que supera los 557 millones de euros. De la misma, 257 millones están destinados a actuaciones de depuración. El departamento, por tanto, ha destinado más del 30% de su presupuesto a la gestión hídrica sostenible. Asimismo, desde que se pusiera en marcha, el Canon de Mejora se han recaudado 133 millones de euros, frente a los 201 millones que la Consejería ha destinado a estas acciones. Además contempla distintas vías financieras en esta materia, como el nuevo marco presupuestario plurianual europeo 2014-2020, la firma de un nuevo convenido con el Gobierno central para las actuaciones de su competencia o las colaboraciones a través de acuerdos con los ayuntamientos, o de carácter público-privada.

JUNTA DE ANDALUCÍA