Aguas revueltas

El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, anunció hace unos días que el agua quedaba excluida de la propuesta de directiva sobre concesiones, la norma que regula los contratos entre Administraciones y empresas privadas para la prestación de servicios de interés público. Bruselas respondía así a un fuerte movimiento iniciado hace meses en toda Europa en defensa de la gestión pública de los recursos hídricos.

1373398526_518787_1373398758_noticia_normalEl valor simbólico del agua como recurso básico dificulta los planes para su privatización puestos en marcha. / GERARD JULIEN (afp)

Más de 1,6 millones de europeos han firmado un documento en el que reclaman que el agua sea considerado un bien público esencial y no un bien de carácter comercial gestionado por empresas privadas. Se trata de la primera iniciativa ciudadana europea, el instrumento que los habitantes de los países de la UE tienen desde 2012 para intervenir en la agenda política comunitaria. Y el comisario hizo una mención explícita a la presión ejercida por dicha iniciativa: “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, afirmó.

Según Barnier, la directiva “solo pretende ser un marco para la colaboración público privada que promueva las inversiones necesarias en infraestructuras y servicios, y finalmente contribuya a una mejor calidad de los trabajos y los servicios para los ciudadanos a un precio mejor”. Sin embargo, hay quienes opinan que ni el agua ni los servicios de saneamiento deben estar sujetos a estas fórmulas de cooperación público privada ni, mucho menos, ser completamente privatizados.

En este bloque se sitúan los promotores de Right2Water, una campaña a favor de que el agua sea catalogada como derecho humano fundamental, en línea con la resolución aprobada por la Asamblea general de la ONU en julio de 2010: “El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, rezaba el texto.

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Fuente: El País