Agua: un modelo agotado

El sector del agua en España se encuentra en una encrucijada, con un modelo que presenta síntomas de agotamiento. El bien es cada vez más escaso: el territorio en riesgo de desertificación ha pasado del 31% en 2003 al 40% en 2013. Las inversiones en redes de distribución cayeron un 19% entre 2007 y 2010, y previsiblemente siguieron bajando en los años siguientes; y las pérdidas por agua se han incrementado del 24 al 25,9% en el mismo periodo.

 

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Las tarifas no dan para sostener los costes de operación y mantenimiento. España es uno de los países donde el producto es más barato y el farolillo rojo en cuanto a recuperación de costes generados. Además, no hay unidad de mercado. Cada municipio o agrupación de municipios fija su propia tarifa, con su propio criterio, lo que lleva a una gran diferencia de precios entre territorios muchas veces sin razón para ello. Y cada comunidad autónoma tiene su propio criterio respecto a los cánones que aplican, de tal forma que en algunos casos no hay ninguno y en otros hasta tres; por no hablar de las diferentes cuantías que paga el usuario por este concepto en función de dónde se resida.

Por último, España no cumple la legislación comunitaria en materia de depuración. Sólo el 32% de los municipios mayores de 10.000 habitantes cuenta con las infraestructuras que exige la UE. Y no parece que el actual ritmo inversor vaya a resolver el problema.

Este es, grosso modo, el diagnóstico que ofrece la consultora PwC en el informe La gestión del agua en España, análisis de la situación actual y retos futuros, patrocinado por Acciona. En él no sólo se detallan los déficits del sector, sino que se expone una hoja de ruta para reformar un modelo que mueve 12.800 millones de euros al año. El planteamiento es el de conformar un nuevo marco regulatorio que permita la atracción de inversiones, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión.

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