Agua para los pobres también

La labor del Estado es importante, el Estado, que somos todas y todos, debe garantizar que el suministro llegue a todas las casas en condiciones de equidad y calidad, porque está en juego la salud y la dignidad de las personas.

 

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Durante décadas hemos asistido a un bombardeo mediático en pro de un “agua para todos” que escondía una realidad bien distinta de lo que sugiere el eslogan. Agua para todos es una estrategia del Partido Popular para llevar beneficios a las grandes constructoras privadas a través de políticas de obras públicas, es decir pagadas por la ciudadanía, y para levantar nuevas urbanizaciones y amparar una política de regadío claramente insostenibles, y con tintes de corruptela. Los grandes partidos políticos y los medios de comunicación clamaban a los cuatro vientos el agua como una cuestión de derecho, de justicia, de igualdad, de solidaridad… “Murcia se muere de sed”, “Nuestra Región agoniza ante la insolidaridad”. ¿Dónde se encuentran ahora esas voces? ¿Qué grupos políticos y medios de comunicación se posicionan contra los recortes de agua, por un agua pública para todos? ¿Por el derecho al agua?

Efectivamente, el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que no ha impedido para que sigan primando espurios intereses económicos, que manifiestan la falta de responsabilidad y sensibilidad de quienes dirigen la política, la primacía del bien económico sobre el bien social y ambiental.

El agua, como recurso escaso (al menos en términos de calidad) y necesario, debe someterse a un control que evite su degradación y penalice un uso irresponsable, si bien eso no puede o no debe trasladarse a un derecho a la irracionalidad, al derroche, “porque me lo puedo permitir”. Ciertamente tiene que haber determinadas cuotas que se apliquen según las posibilidades, debe haber un mínimo coherente hacia una vida digna, pero también debe haber un máximo para no poner en peligro un recurso, un elemento fundamental para la vida, que ¡ojo! es propiedad de la ciudadanía. La labor del Estado es importante, el Estado, que somos todas y todos, debe garantizar que el suministro llegue a todas las casas en condiciones de equidad y calidad, porque está en juego la salud y la dignidad de las personas.

El agua no es un negocio, no es una mercancía que pueda ser explotada por empresas privadas, ni siquiera su gestión bajo la falacia de una mayor eficiencia no mostrada. Del derecho de las personas, y de otros seres vivos, no se deben obtener beneficios, ni con las políticas de infraestructuras que nos han invadido durante el siglo XX, ni a través del control de la gestión del agua para uso doméstico.

Victoria Aragón García
Dra. en Ciencias Sociales – Universidad de Mucia

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