Acciona se adjudica la gestión de la empresa pública ATLL

La Generalitat ha adjudicado finalmente al consorcio liderado por Acciona la privatización de la gestión de la empresa pública catalana Aigües Ter Llobregat (ATLL). Acciona presentó la mejor oferta económica y se impuso a Agbar, que ahora estudiará la adopción de medidas legales.

 

(EXPANSION) Al final Acciona se ha impuesto a Agbar en el pulso que han librado en las últimas semanas por hacerse con un contrato que requerirá un desembolso de 1.000 millones de euros en los próximos 50 años. La compañía presididia por José Manuel Entrecanales venció claramente a Agbar al formular la propuesta económica, mientras que la compañía controlada por Suez Environnement ganó en la oferta técnica.

En un comunicado, la Generalitat afirma que el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha firmado hoy la propuesta de adjudicación de ATLL a Acciona porque su oferta “ofrece un mejor precio del agua, tal y como establecía el pliego de cláusulas del concurso público”.

Según Territorio, la mesa de contratación analizó “de forma objetiva, rigurosa y detallada la documentación aportada por las dos ofertas, con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio durante los 50 años que dura la concesión”.

Acciona ha ganado el concurso en alianza con el banco brasileño BTG Pactual; ambas compañías controlarán, cada una, un 39% de la nueva empresa gestora. El 22% restante se repartirá entre las familias catalanas Godia-Torreblanca y Rodés.

Reducción del défitit público catalán
La adjudicación de ATLL es el principal contrato de privatización que ha logrado culminar el gobierno de CiU, ya que fracasó la venta de inmuebles y también está pendiente la venta de la concesionaria Tabasa. Para la Generalitat cerrar este contrato (que se firmará en diciembre) era absolutamente necesario, ya permitirá reducir en 0,5% del PIB el déficit catalán y aportará una liquidez inmediata de 300 millones de euros a las arcas de la Generalitat.

El nuevo operador de la empresa que distribuye el agua en alta en Cataluña deberá tener lista la nueva sociedad explotadora el 1 de enero.El canon incial que pagará a la Generalitat será de 300 millones y los 700 millones restantes deberán abonarse a lo largo de los próximos 50 años.

ATLL produce el agua potable que beben casi cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona. Su principal cliente es el grupo Agbar, que distribuye el agua en baja en 23 municipios metropolitanos, incluido la capital catalana. ATLL extrae el agua básicamente de los ríos Ter y Llobregat, por lo que cuenta con dos plantas potabilizadoras en Cardadeu y Abrera. Además, la empresa posee dos desalinizadoras de agua de mar ubicadas en Tordera y en El Prat. Todos estos activos seguirán siendo titularidad de la Generalitat, ya que Acciona sólo tendrá la gestión y se subrogará la plantilla.

Luis Castilla, presidente de Acciona Agua ha asegurado que la adjudicación “es un orgullo y satisfacción para el grupo; nuestra compañía aplicará en ATLL todo su conocimiento y experiencia acreditada durante décadas en numerosas referencias en los cinco continentes. Trabajaremos con la Agencia Catalana del Agua para seguir ofreciendo el mejor servicio y aplicar las mejores soluciones tecnológicas en beneficio del ciclo del agua en Cataluña”.

Acciona es una de las compañías que cuenta con mayor experiencia en la construcción de plantas depuradoras, potabilizadoras y desaladoras. Por su parte, BTG Pactual es un banco de inversiones que lidera el negocio de las fusiones y adquisiciones en Brasil.

Agbar adoptará medidas

En un comunicado, Agbar ha lamentado que el concurso de la Generalitat haya primado únicamente los aspectos económicos de la oferta y que no haya otorgado “ninguna puntuación a la innovación, el conocimiento, la experiencia, la profesionalidad, la voluntad de permanencia o el arraigo territorial”. El grupo que preside Ángel Simón asegura que “intentará demostrar con todos los medios a su alcance” que su oferta “es la única viable”.

“En el orden jurídico se han desarrollado recientemente mecanismos con el objeto de evitar los tradicionales abusos en la licitación pública de nuestro país, donde algunas empresas han generalizado el mecanismo de batir a sus competidores mediante bajas irreales para obtener el contrato, con posteriores modificaciones contractuales, muchas veces presionando a la Administración concedente con retraso o deficiencias en el servicio”, ha afirmado Agbar.